La nueva política de inmigración desata las protestas de los empresarios y la oposición laborista
19 de febrero de 2020 – Londres – Agencias.
La realidad ha demostrado que detrás del Brexit se escondía el debate sobre la inmigración. El Gobierno de Boris Johnson se ha apresurado a desvelar sus planes para “retomar el control de las fronteras” y endurecer las condiciones de acceso al país y al mercado laboral. Desde enero de 2021 se acabará el libre movimiento de personas que garantizaba la pertenencia a la UE. Downing Street ha elaborado un sistema de puntos que prácticamente veta la llegada de trabajadores no cualificados o con bajo nivel de inglés. Los empresarios anuncian consecuencias desastrosas si se renuncia a esa mano de obra.
Las cifras de los últimos años han revelado que el verdadero descontrol se da en el número de inmigrantes de zonas diferentes a la UE que llegan al Reino Unido. La cifra de ciudadanos comunitarios ha descendido desde que el Brexit creó un clima de incertidumbre. El Gobierno de Johnson, sin embargo, no está dispuesto a permitir que los datos se pongan por delante de los prejuicios. Su ministra del Interior, Priti Patel (47 años), hija de ciudadanos indios y furibunda euroescéptica, ha recorrido este miércoles los estudios de radio y platós de televisión para denunciar la “distorsión” que el libre movimiento de personas ha provocado en el mercado laboral. “Tenemos ocho millones y medio de británicos de entre 16 y 64 años que son económicamente inactivos. Queremos que las empresas inviertan en ellos y les formen”, ha defendido en la BBC.
Con ese propósito, Downing Street ha presentado un plan de inmigración que se basará en un sistema de puntos, similar, según el Gobierno británico, al que existe en Australia. Veinte puntos si se presenta una oferta previa de contrato; otros tantos si se tienen las cualificaciones necesarias; 10 más si se posee un buen nivel de inglés, y 20 si el salario anual ofrecido alcanza los 30.000 euros. Otros factores, como la demanda de mano de obra en sectores concretos o el nivel académico, entrarán en la cesta y serán intercambiables. El requisito mínimo para entrar al país será de 70 puntos. Será irrelevante que el candidato venga de España, Italia, Pakistán o Ghana. Este sistema no afectará a los ciudadanos comunitarios que ya viven en el Reino Unido y tienen un plazo para regularizar su situación tras el Brexit.
En la práctica, el Reino Unido vetará el acceso a los trabajadores poco cualificados y a aquellos que no sepan hablar inglés. Y la consecuencia inmediata de un plan que quiere ponerse en práctica en el plazo de 10 meses —cuando concluya el periodo que se han dado Londres y Bruselas para negociar un nuevo acuerdo comercial— será muy problemática para sectores como el de la hostelería, procesamiento de alimentos o la construcción.
Sectores afectados
“Deshacerse de esta ruta de inmigración de baja cualificación antes de 10 meses será desastroso para el sector hostelero y para muchos ciudadanos británicos. Debe darse un tiempo de adaptación a las empresas”, protestó Kate Nicholls, la presidenta de UK Hospitality, una de las principales patronales de hoteles y restaurantes del Reino Unido. “La industria agrícola y alimentaria está en el corazón de nuestra economía y necesitamos una política migratoria que atienda a sus necesidades”, añadió Minette Batters, presidenta del Sindicato Nacional de Agricultores. “Si cerramos la ruta de entrada a estos trabajos, el sector agrícola sufrirá un serio impacto”. Las tareas de recolección y procesamiento de alimentos han sido asumidas desde hace años en el Reino Unido por trabajadores de los países de Europa del Este.
Y las alarmas se han desatado en el sector de la salud pública. El tan apreciado NHS (Servicio Nacional de Salud, en sus siglas en inglés) presenta graves carencias desde hace más de una década. El propio Johnson ha prometido 40 nuevos hospitales y 50.000 nuevos puestos de enfermería. En cifras del año pasado, 65.000 trabajadores comunitarios no británicos trabajaban en el NHS (un 5,5%). Los médicos y enfermeros españoles suponen uno de los grupos más elevados. Son cerca de 6.000.
“Trabajar en la salud pública y prestar tareas de atención a la dependencia no son trabajos de baja cualificación, y para estas necesidades ya hemos establecido un sistema de visados de vía rápida”, defendió Patel. Sin embargo, el nuevo plan de inmigración presenta todavía muchas dudas y arroja demasiadas incertidumbres. La oposición laborista ha arremetido duramente contra el anuncio del Gobierno conservador. “No es un sistema de puntos a la australiana. Eso no es más que un eslogan inventado. Es un sistema basado en un umbral salarial, que necesitará tantas excepciones —en el NHS, la ayuda a la dependencia y en muchos sectores privados— que lo convierten en un plan sin sentido”, dijo la portavoz de Interior laborista, Diane Abbott.
Pero el equipo que diseña la estrategia de Johnson ha decidido que los males a corto plazo no pueden ser un obstáculo a la revolución que persiguen. “Los empresarios del Reino Unido deberán adaptarse y ajustarse al fin del libre movimiento de personas. No perseguimos que el resultado del sistema de puntos reproduzca la situación actual. Es importante que los empleadores dejen de apoyarse en la política de inmigración como alternativa a la necesidad de retener a los trabajadores, aumentar la productividad e invertir más en tecnología y automatización”, dice el documento de Downing Street con las líneas generales de la nueva política.
