4 de abril de 2025 – Washington – EFE.
Este viernes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos respaldó a la Administración de Donald Trump al autorizar la congelación de 65 millones de dólares en subvenciones que el Departamento de Educación había destinado a iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. La decisión se tomó por cinco votos a favor y cuatro en contra, lo que permitió suspender el uso de estos fondos, que estaban destinados a la formación de profesores y al desarrollo profesional en áreas clave.
La medida se originó tras una orden de restricción temporal emitida por un juez federal, que estaba limitada a 14 días. El gobierno de Trump solicitó al Supremo que bloqueara esta orden, y la corte aceptó, permitiendo que los fondos no se distribuyeran hasta que se tomara una decisión final. El caso surgió debido a una disputa sobre la forma en que los fondos eran utilizados para promover la diversidad en las escuelas, particularmente en zonas rurales y de bajos ingresos.
Según reportó The New York Times, estas subvenciones se utilizaban para colocar a maestros en áreas más desfavorecidas y tenían como objetivo crear una fuerza laboral educativa que reflejara la diversidad de las comunidades a las que servían. Sin embargo, el Departamento de Educación advirtió en febrero a los destinatarios de estas ayudas que los programas en cuestión no alineaban con los “mejores intereses” del país, ya que consideraban factores como la diversidad antes que el mérito o la excelencia.
Ocho estados, incluidos California y Nueva York, que se vieron afectados por la eliminación de estos programas, presentaron una denuncia. Argumentaron que los recortes debilitarían los distritos escolares urbanos y rurales, obligando a estos a contratar sustitutos a largo plazo. Los estados insistieron en que los fondos eran cruciales para la contratación de maestros y el desarrollo de programas educativos en zonas necesitadas.
El Tribunal Supremo, en su fallo, señaló que los estados afectados ya habían dejado claro que tenían los recursos necesarios para mantener sus programas. En caso de que los estados ganaran el caso, podrían recuperar los fondos que habían sido congelados. Si decidían no conservar los programas, cualquier daño que sufrieran sería responsabilidad de ellos mismos.
Además, el Supremo consideró razonable el argumento del gobierno de que no sería posible recuperar los fondos una vez que se hubieran gastado si la orden judicial del tribunal inferior seguía en vigor. La Administración Trump también señaló que un único juez de distrito no debía ser quien tomara decisiones que afectaran la política nacional, especialmente cuando se trataba de recursos federales a gran escala.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó la resolución del Tribunal Supremo como una victoria significativa para el presidente Trump y para el estado de derecho. Según ella, el fallo respaldaba el argumento del Departamento de Justicia de que los jueces de distrito no tenían la autoridad para controlar los fondos federales ni para interferir en la agenda política del gobierno, subrayando que las decisiones judiciales locales no deben interrumpir la política nacional establecida.
