La Santa Sede se mostró tolerante ante algunos de los casos de pedofilia aunque es imposible saber si estaba al tanto de todos los detalles
17 de agosto de 2018 – Agencias.
La investigación de Pensilvania, que relata los abusos sexuales a más de 1.000 menores por más de 300 religiosos durante siete décadas, revela que desde al menos 1963 el Vaticano conocía algunos de esos casos y que se mostró tolerante, aunque es imposible saber si estaba al tanto de todos los detalles. Tras dos días de silencio, la Santa Sede mostró el jueves “su vergüenza” por los abusos “criminales” en Estados Unidos y señaló que “deberían asumirse responsabilidades”.
La palabra Vaticano aparece 45 veces en el escalofriante informe del gran jurado de Pensilvania, que destapa una maquinaria de silencio y encubrimiento ante los excesos de los curas. La Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano encargado de salvaguardar la correcta doctrina de la Iglesia católica, es mencionada 14 veces, y la Santa Sede, 11. Según se desprende del documento de 1.356 páginas, Roma fue informada en repetidas ocasiones tanto de las agresiones sexuales como del hecho de que la Iglesia estadounidense estaba encubriendo a curas pederastas.
Al desvelar el martes los hallazgos de la investigación, el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, advirtió de que los patrones de encubrimiento “se alargan en algunos casos hasta el Vaticano”. La primera vez que aparece mencionado el Vaticano en el informe es en 1963 y la última en 2015, cuando el papa Francisco ya estaba al frente de la máxima institución del catolicismo y se habían prometido reformas contra los abusos. En el caso de 2015, el Vaticano dio luz verde a una petición de apartar a un cura acusado de un delito de pornografía infantil. Un año antes, sin embargo, no puso en apariencia reparos a la decisión de la diócesis de Allentown de no apartar del sacerdocio a un religioso que, en los años ochenta, había tocado los genitales de un chico de 13 años.
El primer caso que conoció el Vaticano hace más de medio siglo concierne al cura Raymond Lukac, de la diócesis de Greensburg. En 1963, Lukac acumulaba al menos tres quejas conocidas de abusos sexuales y varias sobre trato inapropiado a menores en poblaciones distintas pese a haber prometido mejorar su conducta. Había tenido una relación con un organista de 18 años, se había casado siendo cura y había tenido un hijo con una chica que conoció cuando ella tenía 17, además de abusar de otra niña de 11 años.
Con estos antecedentes, el obispo de Greensburg, William Connare, se comunicó con el Vaticano en octubre de 1963. Lukac trabajaba entonces en un centro religioso a las afueras de Chicago y, por su mala conducta previa, no podía escuchar confesiones. Él le pidió a Connare que le fueran restauradas todas sus funciones y así lo solicitó este en persona a la Santa Sede, que dio su aprobación. “Mientras estaba en Roma, revisé los detalles de su caso con el Santo Oficio y obtuve esas facultades para el padre Lukac”, explicó Connare en una carta después, en la que matizó que era un permiso para al menos un año.
En su informe, el gran jurado de Pensilvania concluye que “los obispos que colaboraron para mantener a Lukac activo en el sacerdocio lo hicieron sabiendo que él suponía un riesgo para la población y fueron, por tanto, cómplices con el abuso que cometió”.
Hay otros ejemplos. El actual arzobispo de Washington, Donald Wuerl, escribió una carta al Vaticano en 1989 en la cual informaba de que curas de la que era entonces su diócesis, la de Pittsburgh, habían sido acusados de agredir sexualmente a menores. Conocido en la curia por su aparente tolerancia cero hacia los abusos y criticado fuera de ella por haber encubierto a curas pederastas, Wuerl definió la pedofilia como algo “incurable” y manifestó que los feligreses tenían derecho a más información.
Readmisiones
Pese a esta declaración al Vaticano “sobre la naturaleza seria y criminal del problema”, en la práctica Wuerl permitió que un cura pedófilo, Ernest Paone, quien había sido anteriormente obligado a cogerse una excedencia y alejarse de sus víctimas, fuera trasladado en varias ocasiones a otras diócesis. Wuerl acabó aceptando en 2003 la renuncia de Paone pero le permitió que cobrara su pensión.
En cambio, en 1988 Wuerl apartó a otro religioso después de que una víctima presentara una denuncia por abuso. Sin embargo, cinco años después, el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, máxima instancia vaticana, ordenó que fuera readmitido aunque luego se desdijo. En la víspera de las revelaciones del informe de Pensilvania, el actual arzobispo de Washington señaló que el documento sería crítico con algunas de sus acciones pero defendió que “actuó con diligencia, preocupación por los supervivientes y para prevenir futuros abusos”.
Las técnicas usadas por los obispos de Pensilvania para acallar las voces críticas y las denuncias de afectados y familiares incluían el alejamiento de los curas pedófilos, su “secularización”, excedencias y tratamientos en centros de salud mental, entre otras cosas. Según el gran jurado, el Vaticano estuvo en contacto con varios obispos de Pensilvania y recibió información sobre los casos de abusos, pero el informe no siempre detalla qué repercusiones tuvieron estas comunicaciones. En 1988, por ejemplo, una mujer envió una carta a la diócesis de Pittsburgh y al Vaticano para pedir ayuda ante el abusador de su hijo, y nunca recibió respuesta.
