El presidente de la Cámara le pidió a la Policía que no permita la entrada de exmiembros de ese movimiento al Parlamento. Hace unas semanas, a los gritos se enfrentaron congresistas y un líder de la desaparecida guerrilla
26 de octubre de 2017 – Bogotá – Agencias.
Con el desarme de las FARC, el país ha volteado a mirar otros temas que también han desangrado durante años a los colombianos. La corrupción tiene al sistema de salud en crisis, al aparato judicial entre ojos y a una ciudadanía cansada de que sus impuestos terminen en los bolsillos de políticos ambiciosos. Por eso no sorprendió que en la encuesta Gallup Poll del mes de agosto, las FARC consiguieran una opinión menos desfavorable que los partidos políticos. El 87% de los colombianos entrevistados dijeron tener una mala imagen de los funcionarios, mientras un 84% opinó así sobre los exguerrilleros. Y aunque la mayoría consideró que está mejorando la reintegración de los desmovilizados a la vida civil, la clase política demuestra lo contrario.
Esta semana, otro episodio recordó lo difícil que está resultando para algunos compartir recinto con quienes decidieron cambiar las balas por la palabra. El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, le pidió a la Policía que no permita la entrada de exguerrilleros de las FARC al Congreso. Lara argumentó su solicitud recordando “los repetidos y lamentables acontecimientos producidos por el ingreso y participación, en distintas audiencias, de los exintegrantes de las FARC”. La decisión del presidente de la Cámara generó división entre los demás parlamentarios. Efraín Cepeda, la cabeza del Senado, aseguró que desde esa orilla del Parlamento no harán lo mismo. Reconocen que los líderes guerrilleros ya se desmovilizaron y no habría por qué negarles la entrada. “Si algún senador quiere permitirles la entrada a sus oficinas nosotros no hemos impartido ninguna prohibición, pueden hacerlo con tranquilidad”, explicó.
Los representantes de las FARC se han defendido, han dicho que se beneficiaron de una amnistía que les permite entrar al Congreso como cualquier otro ciudadano. El país ve con asombro cómo los políticos que deberían estar concentrados en temas como las muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que este mes tiene cifras rojas (10 asesinatos en 22 días), se enfrascan en discusiones que se creían que ya estaban superadas. Que las FARC se muevan en la política era justamente uno de los propósitos del proceso de paz.
