8 de abril de 2025 – Bogotá – EFE.
En 2024, al menos 533 menores de edad fueron reclutados de forma forzada en Colombia, principalmente por disidencias de las FARC, según reportó la Defensoría del Pueblo. La mayoría de los menores reclutados fueron indígenas, con 267 casos de este grupo étnico. El reporte indicó que 323 de los niños y adolescentes reclutados eran varones, mientras que 210 eran mujeres.
La Defensoría también proporcionó detalles sobre el origen étnico de los menores reclutados. De los 533 casos, 157 no se reconocieron en ningún grupo étnico, 77 no tenían información específica, y 32 eran afrocolombianos. Además, la mayor parte del reclutamiento fue realizado por el Estado Mayor Central, la disidencia más grande de las FARC, con 202 menores involucrados.
Otras disidencias de las FARC reclutaron a 180 menores, y grupos no identificados se encargaron del reclutamiento de 93 niños. También se atribuyeron 16 casos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), 15 a la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia, y 14 al Clan del Golfo, una banda narcoparamilitar. Se mencionó que el crimen organizado en general fue responsable de seis casos.
Los meses de enero y marzo fueron los de mayor reclutamiento, con 77 y 68 casos respectivamente, mientras que septiembre registró el menor número con solo 18 casos. La Defensoría subrayó que la mayoría de estos hechos ocurrieron en el departamento de Cauca, donde se documentaron 359 casos, mientras que Antioquia y Norte de Santander registraron 25 en cada uno.
La Defensoría también expresó su preocupación por el subregistro de estos casos, pues muchos no son denunciados debido al miedo de las víctimas. Además, destacó la necesidad de fortalecer los entornos protectores, como escuelas y comunidades, para prevenir estas violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Para abordar este problema, la Defensoría enfatizó que es necesario contar con canales de denuncia más seguros y efectivos, que permitan a las víctimas reportar los hechos sin riesgo y garantizar que las autoridades investiguen y castiguen a los responsables.
