9 de junio de 2025 – Ciudad de Panamá – EFE.
El Ministerio de Seguridad de Panamá informó que 34 agentes de la Fuerza Pública han resultado gravemente heridos durante 45 días consecutivos de protestas en distintas partes del país. Las autoridades atribuyen estas lesiones a los enfrentamientos violentos ocurridos en el contexto de manifestaciones sociales que se han intensificado en las últimas semanas.
Entre los heridos, se encuentra un agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) que fue atacado con un machete en la comunidad de Arimae, Darién. Este funcionario ya fue sometido a una cirugía y se espera que pase por una segunda operación. La situación evidencia la gravedad de algunos de los incidentes que han tenido lugar durante las protestas.
La comunidad de Arimae ha sido uno de los focos más críticos del conflicto, donde se han registrado enfrentamientos entre las fuerzas del orden y grupos indígenas que participan activamente en las movilizaciones. Las protestas se originaron principalmente por la aprobación de la Ley 462 de 2025, que modifica el funcionamiento de la Caja de Seguro Social (CSS) y es vista como una amenaza al sistema de pensiones.
Además del rechazo a la reforma de la CSS, los manifestantes también exigen la liberación de varios líderes indígenas detenidos tras un altercado relacionado con la retención de una agente del Senafront. El Ministerio de Seguridad ha señalado que estas agresiones ponen en peligro la vida de quienes tienen la responsabilidad de resguardar el orden público.
Las protestas también han incluido críticas a un acuerdo de seguridad firmado en abril entre Panamá y Estados Unidos. Según el gobierno, los agentes han sido objeto de agresiones verbales y físicas durante los bloqueos de vías, enfrentando ataques con piedras, palos y otros objetos contundentes.
Diversos sectores se han unido a las protestas, incluyendo sindicatos como Suntracs, trabajadores bananeros, farmacéuticos, médicos, supervisores de educación y docentes del sector público. Este último grupo convocó un paro indefinido desde el 23 de abril, argumentando que la Ley 462 pone en riesgo el futuro de las pensiones en Panamá.
