Los negocios más afectados serán hoteles, restaurantes y empresas de construcción
12 de febrero de 2020 – Agencias.
Un proyecto de ley en Florida que obligaría a las empresas a verificar que sus empleados no sean indocumentados enfrenta la oposición de los sectores de la agricultura, el turismo y la construcción, que perderían hasta 253,500 empleos, según un informe divulgado este martes por el grupo proinmigrante FWD.us.
La medida, una promesa de campaña del gobernador Ron DeSantis, alineado con las fuertes políticas migratorias del presidente Donald Trump, busca el cumplimiento del programa federal migratorio E-Verify entre empresas vinculadas al gobierno estatal, pero también las privadas.
Esta última parte ha encontrado la oposición de los sectores que mueven la economía en el turístico “Estado del Sol”, que perdería $10,660 millones de dólares en ganancias y $1,250 millones en ingresos fiscales estatales y locales, según el estudio.
El informe, divulgado hoy por FWD.us, el día que el comité Judicial del Senado estatal se dispone a debatirlo, enfatiza que los “trabajadores indocumentados ya son contribuyentes importantes a la economía de Florida”.
Precisa que de los aproximadamente 700,000 indocumentados que viven en Florida, unos 440,000 están trabajando o buscando trabajo.
“Estos trabajadores aportan hasta $36,500 millones de dólares anuales en ganancias que permanecen en el estado de Florida”, agrega el documento.
Destaca que una vez que se contabilizan los efectos de su presencia en el mercado laboral, hacen parte de los 868.444 empleos totales en Florida y los 3.900 millones anuales en ingresos fiscales locales y estatales.
El reporte, llamado “Evaluación del impacto de la adopción obligatoria de verificación electrónica para Florida” y a cargo de Rick Harper, matiza que la pérdida de empleos sería de 253,500 si los empleadores tienen que verificar el estatus migratorio de sus trabajadores.
Proyecta que las empresas de alojamiento y servicio de alimentos serán afectadas con la pérdida de más de 79,000 puestos, seguidos de construcción (54,500) y agricultura, comercio minorista y atención médica (10,000).
La adopción del E-Verify “transfiere parte de la carga del costo y la responsabilidad de la aplicación de la ley de inmigración a las empresas de Florida”, precisa.
El estudio se basa en la experiencia y el fracaso de la medida en otros estados, como California, que entre otros aspectos evidenciaron que los trabajos perdidos en agricultura no quedan en manos de trabajadores nativos.
Grupos proinmigrantes como la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), señalaron hoy que E-Verify es un abuso del gobierno, “poco confiable y oneroso en la vida cotidiana de trabajadores y empleadores por igual”.
“Dañará enormemente a la población inmigrante de Florida, al tiempo que sofocará una economía vibrante y dependiente de inmigrantes”, manifestó Cal Soto, directivo de NDLON en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el Partido Republicano de Florida invitó hoy a los ciudadanos a apoyar E-Verify: “Es justo exigir a los empleadores que cumplan con el estado de derecho y garanticen que los trabajadores que contratan sean elegibles y estén en nuestro país legalmente”.
El proyecto, sin embargo, ha dividido incluso a los legisladores republicanos, quienes dominan ambas cámaras de Florida.
Una versión más moderada, presentada por el republicano Cord Byrd, que solo obligaría a cumplir con E-Verify entre las empresas vinculadas al gobierno de Florida, se tramita en la cámara Baja.
Bajo el proyecto de Byrd, los empleadores privados, que no sean contratistas del Gobierno, no tienen la obligación de utilizar E-Verify.
En 2011 en Florida, el entonces gobernador Rick Scott, también republicano, ordenó mediante una orden ejecutiva a todas las agencias de su administración a usar E-Verify mientras que a las otras agencias estatales se le “sugirió” usar el sistema.
En 2019, en su primer año de mandato, el gobernador DeSantis hizo ley un proyecto contra las llamadas ciudades santuario, que protegen a los indocumentados de deportaciones y castiga a las jurisdicciones que no colaboran con ciertas directrices federales de inmigración.
