13 de septiembre de 2018 – Ciudad de México – Agencias.
Una investigación sobre el derrumbe de decenas de edificios en el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la capital mexicana reveló “escalofriantes hallazgos de omisión y corrupción”, indica un extenso informe de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Con base en 28 investigaciones en edificios colapsados la organización ciudadana encontró los eslabones de “una cadena de corrupción, negligencia e impunidad, que hace más vulnerables a los ciudadanos”.
Los gobiernos distritales y autoridades capitalinas “ignoraron las voces de vecinos que alertaron y denunciaron sobre inmuebles que violaban usos de suelo, construcciones que se levantaban sin permisos o edificios que tenían daños” desde los sismos de septiembre de 1985 y se reconstruían para venderlos como departamentos, dice el informe.
Los edificios cayeron o quedaron inhabitables porque “las autoridades no escucharon los llamados de los ciudadanos, eso provocó la pérdida de vidas y de patrimonio”, en una megalópolis de más de 20 millones de habitantes que está “a merced de una nueva catástrofe”, alertan los expertos.
Cinco días después del sismo de 7,1 grados de intensidad, MCCI convocó a los ciudadanos a enviar información sobre edificios afectados, con el objetivo de indagar qué había causado esos daños, en forma independiente de las versiones gubernamentales.
La organización independiente recibió datos de más de 200 inmuebles que complementó con recorrido e información recopilada por ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de la plataforma del Gobierno de la Ciudad de México.
Los expertos construyeron una base de datos de 365 registros de los cuales eligieron 28 edificios para realizar “una autopsia”, en las construcciones colapsadas.
En el sismo del año pasado, 232 personas murieron en 38 edificios colapsados solo en la capital.
Hallazgos insólitos
Los expertos realizaron alrededor de 800 solicitudes de información a diferentes distritos de la capital y dependencias gubernamentales.
Encontraron que el Reglamento de Construcciones oficial, catalogado como “uno de los mejores del mundo”, es ignorado por autoridades y constructores.
“Los ciudadanos quedaron atrapados en edificios en donde se hicieron modificaciones en los cálculos de ingeniería en la capital”, concluye MCCI.
Esos cambios en la construcción se ejecutaron “para aumentar los márgenes de ganancias de las constructoras; en inmuebles levantados con materiales de baja calidad o insuficientes; en sitios construidos sobre cimientos viejos, pero que se presumían como departamentos nuevos”, denuncia la organización que menciona los nombres de las compañías constructoras involucradas.
Después del sismo de 1985, en la misma fecha 19 de septiembre, cuando murieron más de 3.000 personas según el Gobierno y hasta 10.000 personas según socorristas y organizaciones vecinales, en el derrumbe de 30.000 edificios y estructuras, fue creada la figura de los “directores responsables de obra” y “corresponsables en seguridad estructural”, para cumplir el reglamento de construcciones.
Esa figura se pervirtió, “porque son contratados por las inmobiliarias y con ello pierden independencia”, dice el informe.
Además se creó un “mercado negro de firmas de directores responsables de obras”, que firman los documentos y planos para obtener permisos, sin verificar la información.
Varios edificios aparecen nombres vinculados con autoridades de la Ciudad de México, encargadas de desarrollo urbano y vivienda, cuyos nombre también son publicados.
Los expertos descubrieron que desde 2006 se publicaron informes de edificios construidos después de 2004, que “tendrían un desempeño inadecuado durante un sismo intenso”, por incumplir el reglamento.
Los archivos con información vital para conocer cómo se ha construido la metrópoli, no existen o están incompletos.
Ninguna autoridad que haya firmado manifestaciones de construcción o autorizaciones de uso de suelo ha sido sancionada y “predomina la impunidad”, puntualiza el reporte.
En octubre de 2017, el Gobierno federal estimó que además de los 38 edificios derrumbados en la capital, 5.765 viviendas fueron afectadas; de las cuales 2.273 tuvieron daño total.
