23 de agosto de 2024 – Los Ángeles – EFE.
Una coalición de 16 estados republicanos presentó este viernes una demanda contra el Gobierno del presidente Joe Biden para detener el nuevo plan de regularización, que se espera beneficie a cerca de medio millón de indocumentados, cónyuges o hijastros de ciudadanos estadounidenses.
El fiscal de Texas, el republicano Ken Paxton, informó en un comunicado que han solicitado a una corte federal que paralice la implementación de la norma, argumentando que infringe la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo y las leyes migratorias.
El programa “Keeping Families Together” (Mantener unidas a las familias), que abrió inscripciones el lunes pasado, se basa en el “parole in place”, un permiso temporal que permite a los beneficiarios permanecer en EE.UU. y evitar la deportación.
El plan de regularización también ofrece a los indocumentados la posibilidad de obtener un permiso de trabajo y, lo más significativo, les permite iniciar el proceso para obtener una residencia permanente sin salir del país, si están casados o son hijastros de un ciudadano estadounidense.
El programa requiere que el solicitante haya residido en EE.UU. por al menos 10 años y esté casado antes del 17 de junio pasado.
La Administración Biden estima que alrededor de 500.000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses y unos 50.000 hijastros serán elegibles para el programa.
Desde su anuncio en junio, sectores ultraconservadores han amenazado con impugnarlo en los tribunales, acusando a la Administración demócrata de usarlo como parte de su campaña para retener la Presidencia.
La organización America First Legal, liderada por Stephen Miller, exasesor de política migratoria durante la presidencia de Donald Trump, se ha unido a los conservadores en la demanda, que nombra específicamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su secretario Alejandro Mayorkas y otros funcionarios de la Casa Blanca.
En el comunicado, Paxton sostiene que la nueva norma permitiría amparar a 1,3 millones de indocumentados, 200.000 en Texas, aunque estas cifras han sido cuestionadas por las organizaciones comunitarias.
La Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA), que agrupa a más de 75 organizaciones de derechos de inmigrantes en 42 estados, estima que el plan beneficiaría a unas 450.000 personas, 100.000 menos que la proyección del Gobierno.
“La nueva medida de Biden otorga automáticamente la ciudadanía a extranjeros no investigados que inicialmente violaron nuestras leyes”, afirmó Paxton, sin considerar que la norma excluye a indocumentados deportados previamente o con antecedentes criminales.
Miller, presidente de America First Legal, declaró que usará “todas las herramientas legales” para impedir la implementación de la norma.
Los estados demandantes incluyen Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Iowa, Kansas, Luisiana, Misuri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.
Texas ha liderado varias batallas legales contra el Gobierno Biden en temas migratorios, incluida una demanda para terminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que beneficia a miles de jóvenes “soñadores” desde 2012.
