22 de noviembre de 2017 – Washington – Agencias.
La pesadilla se repite. El mismo día en que el general serbobosnio Ratko Mladic era condenado a cadena perpetua por genocidio, Estados Unidos consideraba como “limpieza étnica” las brutales matanzas perpetradas por los militares birmanos contra la etnia rohingya. Una sangría que ha empujado a más de 600.000 rohingyas a escapar del país y ha recordado algo tan antiguo como sabido: que la barbarie sigue viva.
La declaración del Departamento de Estado, coincidente con la dada por la ONU hace un mes, llega después de la visita girada por su responsable, Rex Tillerson, a Myanmar (antigua Birmania). Ahí, se reunió con la erosionada líder civil, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, y el jefe del Ejército, el general Min Aung Hlain. En un tono moderado, pidió entonces una investigación creíble y dejó la puerta abierta a sanciones económicas, aunque evitó entrar en las responsabilidades directas.
Una semana después, la Casa Blanca ha roto con su frialdad y en una durísima nota entona un canto en favor de la etnia perseguida. “La prueba de fuego para cualquier democracia es cómo trata a su población más marginada y vulnerable, y eso son los rohingya. El Gobierno birmano y sus fuerzas de seguridad deben respetar los derechos humanos de todas las personas dentro de su territorio y exigir responsabilidades a todos los que no cumplan”, indica el Departamento de Estado.
Bajo esta perspectiva, Tillerson no deja de condenar los ataques de la guerrilla rohingya, el Ejército de Salvación de Rajine (ARSA, por sus siglas en inglés), del pasado 25 de agosto, pero no acepta la reacción del ejército birmano. “Ninguna provocación puede justificar las horrendas atrocidades que han cometido. Estos abusos llevados a cabo por militares, fuerzas de seguridad y vigilantes locales han causado un sufrimiento inmenso y han forzado a miles de hombres, mujeres y niños a abandonar sus hogares y buscar refugio en Bangladesh. Está claro que esta situación en el norte de Rakhine constituye una limpieza étnica contra los rohingya”.
Ante los desmanes, Estados Unidos exige responsabilidades, está dispuesto a imponer sanciones por su cuenta y apoya la apertura de una investigación “independiente y creíble”. Todo ello no le impide lanzar un salvavidas al Gobierno civil de Aung San Suu Kyi, cuyo silencio ante las matanzas perpetradas por los militares han puesto en la picota internacional.
“Nos reafirmamos en nuestro apoyo de la exitosa transición democrática y los esfuerzos del Gobierno por desarrollar reformas y traer la paz y la reconciliación a la nación. Respaldamos los esfuerzos del Ejecutivo birmano para crear las condiciones necesarias para la vuelta a casa de los desplazados. Esta es una situación difícil y compleja; todas las partes deben trabajar juntas para lograr un progreso”, señala el Departamento de Estado.
Las fuerzas de seguridad birmanas niegan haber matado a “bengalíes inocentes” y solo admiten la muerte de 376 “terroristas” debido a los enfrentamientos con el Ejército de Salvación de Rajine. El país, de mayoría budista, no reconoce a los rohingya como una de sus 135 etnias oficiales y les considera inmigrantes bengalíes, pese a llevar siglos viviendo en Birmania.
