Roberto Rivas, presidente del Tribunal Electoral y leal funcionario de Daniel Ortega, es acusado de “corrupción y fraude electoral” por el Departamento del Tesoro de EE UU
26 de diciembre de 2017 – Managua – Agencias.
El presidente del Tribunal Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, artífice de los fraudes electorales que han perpetuado en el poder al presidente Daniel Ortega, fue sancionado este jueves por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo acusa de corrupción y fraude electoral. La sanción impide que Rivas tenga acceso al sistema financiero estadounidense, además de congelar los activos que el funcionario pudiera tener en ese país. Se trata de un golpe a la imagen del Gobierno de Ortega, quien hasta ahora ha podido imponer un sistema autoritario sin que se desate la presión internacional.
Rivas, un político camaleónico que anteriormente había jurado lealtad al expresidente Arnoldo Alemán –también acusado por corrupción durante su mandato–, es una figura clave de Ortega en el Consejo Supremo Electoral (CSE), una institución que el mandatario sandinistata controla y maneja como un órgano partidario. Rivas es el artífice de los fraudes electorales que han garantizado desde 2008 la hegemonía del Frente Sandinista y los triunfos electorales de Ortega en Nicaragua. Él se mueve al ritmo de los dictámenes de Ortega, que desde su regreso al poder en Nicaragua, hace ya más de una década, ha aplastado las de por sí frágiles instituciones nicaragüenses.
Las sanciones contra Rivas se dan a través de la llamada Ley Magnitsky, que permite al Ejecutivo estadounidnse sancionar a todos aquellos funcionarios o ciudadanos extranjeros que estén involucrados en casos de corrupción o hayan sido acusados de violar los derechos humanos. Fue aprobada en 2012 como respuesta al asesinato del abogado ruso Sergei Magnitsky, un crítico del presidente Vladimir Putin, y quien denunciaba la corrupción de la oligarquía rusa.
Las sanciones contra Robertos Rivas fueron solicitadas al presidente Donald Trump por una coalición bipartidista de congresistas y senadores estadounidenses, liderada por la congresista republicana de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen y respaldada, entre otros, por Marco Rubio y Ted Cruz.
Los legisladores también solicitaron sanciones contra Francisco López, vicepresidente de Albanisa, la gigantesca empresa creada para hacer jugosos negocios petroleros con Venezuela, y de la que la venezolana PDVSA es dueña del 51% de las acciones. Al amparo del acuerdo petrolero con el presidente Hugo Chávez, el Gobierno de Ortega recibió más de 3.500 millones de dólares en cooperación petrolera, que permitieron financiar las políticas populistas del líder del Frente Sandinista, pero también –según investigaciones de periodistas independientes de Nicaragua– enriquecer desmesuradamente a la familia del presidente Ortega y su círculo más cercano, la llamada oligarquía orteguista.
“Hoy la Administración (de Trump) dio un paso importante al emitir su primer conjunto de designaciones bajo la Ley Global Magnitsky, que incluía el nombre de Rivas en la lista. La magnitud de la corrupción y el fraude orquestado por Rivas está bien documentado y es bien merecedor de estas sanciones”, dijo la congresista Ros-Lehtinen en un comunicado. “Me alienta que la Administración esté tomando medidas decisivas en apoyo de la población de Nicaragua, pero este debe ser el primer paso en lugar del último. Espero que en la próxima ronda de sanciones, la Administración designe a López por su papel en la erosión de las instituciones democráticas en Nicaragua y por sus violaciones de los derechos del pueblo nicaragüense”, agregó la legisladora.
La decisión de Washington se da un día después de que la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) diera a conocer su informe definitivo sobre las elecciones municipales de noviembre, en las que el Tribunal Electoral adjudicó al oficialista Frente Sandinista 135 alcaldías de las 153 del país, incluidas todas las capitales de provincia. El descontento por los resultados electorales, considerados fraudulentos por los partidos que participaron en la contienda, generaron dos semanas de violencia política y dejaron un saldo de seis muertos.
El informe de la OEA se limita a solicitar reformas en el sistema electoral y no menciona el problema de fondo, que es el control que ejerce Ortega sobre el Tribunal Electoral. El Gobierno reaccionó satisfecho tras las conclusiones de la misión, encabezada por el uruguayo Wilfredo Penco, y dijo que el informe era “serio y responsable”.
Junto a Roberto Rivas también fueron sancionados por Washington el empresario dominicano Ángel Rondón y el legislador guatemalteco Julio Juárez Ramírez.
