9 de agosto de 2017 – México – Agencias.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vincula a Rafael Márquez, histórico capitán de la selección de fútbol de México y uno de los iconos del deporte en el país, con el narcotráfico. La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluye a Márquez, junto al cantante Julión Álvarez y 20 personas más, en una lista de presuntos prestanombres de una red liderada por el narcotraficante Raúl Flores, que operaba en Jalisco y Ciudad de México, según los documentos publicados hoy por la Administración estadounidense.
La inclusión del futbolista mexicano con más títulos internacionales de la historia y del cantante de música norteña no tiene consecuencias penales, aunque puede derivar en ellas. De momento, implica la cancelación de su visa, el congelamiento de todas sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, así como la prohibición para cualquier empresa estadounidense de hacer cualquier tipo de negocios o transacciones con ellos o con las compañías que fueron incluidas en la lista. En el caso de Márquez, que en la tarde del miércoles acudió de manera voluntaria a declarar ante la fiscalía, además de cuatro propiedades –dos en Jalisco, una en Guanajuato y otra en Ciudad de México- el Departamento del Tesoro apunta a nueve empresas, entre ellas una escuela de fútbol desde la que se habría lavado dinero del narcotráfico. Además, la OFAC señala a dos personas, Mauricio Heredia y Marco Antonio Fregoso, por actuar en nombre o por el futbolista.
Raúl Flores Hernández, el narcotraficante a quien vinculan con el futbolista y el cantante tiene pocos registros en las bases de datos públicas tanto del Gobierno mexicano como en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro estadounidense lo identifica como el líder de una organización de narcotráfico, formada en su mayoría por miembros de su familia. En un comunicado de este miércoles, el Tesoro asegura que Flores opera desde hace décadas en el negocio del narcotráfico, especialmente en lo relacionado al lavado de dinero. Aunque, según Estados Unidos, Flores no está vinculado a una organización criminal en concreto, sí ha tenido lazos con los líderes del Cartel de Sinaloa, el más poderoso de México y el Jalisco Nueva Generación, cada vez con más peso. Las autoridades estadounidenses aseguran que tiene vínculos con el narcotráfico desde la década de los ochenta, en Guadalajara (Jalisco) y Ciudad de México.
Flores tiene acusaciones por tráfico de drogas en Estados Unidos desde 2001. Ese año fue arrestado por posesión y tráfico de marihuana en California y sentenciado a 10 meses de prisión y pasó dos años en libertad condicional. Diez años después, en 2010, la Procuraduría General de la República (PGR) añadió su nombre a una lista de narcotraficantes por los que pedía recompensas de hasta cinco millones de pesos (278.000 dólares). Para 2013, las autoridades mexicanas desconocían su paradero, según una información del diario mexicano Animal Político. Una corte federal de la capital de Estados Unidos fue la última en ordenar el arresto de Flores. También conocido como El Tío, fue acusado de tráfico de cocaína en 2016. El caso aún está pendiente de sentencia.
La PGR ha tomado este miércoles el control de algunos de los bienes de Raúl Flores, caso del Grand Casino de Guadalajara. En un comunicado, el Departamento del Tesoro asegura que las sanciones anunciadas hoy son consecuencia de un trabajo de años en coordinación con las autoridades mexicanas. La supuesta red de Flores, a punto de cumplir 65 años, incluye a familiares y socios de confianza, siendo el cantante y el futbolista los que han acaparado todos los focos. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, caso de Colombia, especialmente durante la década de los ochenta y noventa, nunca antes en México un jugador de la trayectoria de Márquez, actualmente en el Atlas e internacional en la pasada Copa Confederaciones, había sido vinculado con el narcotráfico. En cualquier caso, son incomparables las implicaciones de unos y otros.
La conocida como Lista Clinton se puso en marcha durante la Administración del expresidente estadounidense como una forma de apuntalar la lucha contra el crimen organizado. A través de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act), Estados Unidos puede aplicar sanciones a empresas o personas que supuestamente colaborarían con terroristas o tendrían vínculos con el narcotráfico. En dos décadas han sido sancionadas miles de personas y empresas en todo el mundo.
