‘The New York Times’ asegura que el Gobierno de Trump escuchó de primera mano los planes de asonada desde otoño de 2017
10 de septiembre de 2018 – Los Ángeles / Bogotá – Agencias.
El Gobierno de Donald Trump se reunió en secreto al menos tres veces con militares venezolanos que planeaban un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Así lo asegura el diario The New York Times en una información de este sábado que se basa en 11 cargos actuales y pasados de Estados Unidos con conocimiento de las conversaciones y un militar venezolano que era uno de los conspiradores. Las reuniones se produjeron entre el otoño de 2017 y principios de este año. Los golpistas querían apoyo logístico de Estados Unidos, que finalmente no obtuvieron.
La Casa Blanca respondió en un comunicado sin negar la existencia de las conversaciones. Dijo que es importante “entablar diálogo con todos los venezolanos que desean la democracia” para “llevar un cambio positivo a un país que ha sufrido mucho bajo Maduro”, según el comunicado citado por el periódico.
Según la información, los mandos venezolanos buscaron acceso directo al Gobierno de Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama y fueron rechazados. El cambio se produjo cuando el nuevo presidente, Donald Trump, aseguró en agosto de 2017 que existe una “opción militar” para intervenir en la crisis de Venezuela. Sus palabras fueron rechazadas en todo el continente. Trump ha amenazado directamente con el uso de armas nucleares en Corea del Norte, o con enviar al Ejército a México. Los militares golpistas pensaron entonces que tenían una nueva oportunidad.
La Administración de Donald Trump es, junto con la Unión Europea y el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, el principal blanco de los ataques del régimen de Nicolás Maduro. Las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos se concretaron el pasado mes de mayo, días después de que el mandatario venezolano ganara unas elecciones sin garantías, cuya validez no fue reconocida por la inmensa mayoría de la comunidad internacional.
Trump prohibió a los ciudadanos estadounidenses comprar activos estatales de Venezuela con el propósito de redoblar la presión económica. Casi en paralelo, EE UU incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y número dos del chavismo, por sus vínculos con una red de lavado de dinero y narcotráfico y malversación de fondos públicos.
Maduro reaccionó con la expulsión del encargado de Negocios de Estados Unidos y del consejero político, las dos máximas autoridades de ese país en Caracas después de la interrupción de las relaciones diplomáticas en 2010. No obstante, semanas después volvió a admitir a un nuevo representante de Washington. La semana pasada, durante una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el delegado estadounidense dijo que su Administración estaría dispuesta a reconsiderar las sanciones si el régimen cambia y acepta, por ejemplo, la apertura de un canal humanitario para que llegue ayuda internacional.
El mando venezolano que habla con el Times desde el anonimato está también en la lista de los cargos sancionados por Estados Unidos. El militar dijo en las conversaciones que hablaba en nombre de cientos de miembros de las fuerzas armadas. También dijo que había tres grupos distintos dentro del Ejército venezolano planeando derrocar a Maduro. Las reuniones se celebraron en el extranjero. Los militares pidieron apoyo logístico a Estados Unidos, concretamente radios encriptadas para poder comunicarse entre ellos. EE UU nunca facilitó la ayuda.
El primer contacto se produjo en una Embajada de Estados Unidos en una capital europea. Inicialmente, el Gobierno norteamericano no quería involucrarse. La política de EE UU en América Latina aún sufre por el siniestro historial de apoyo a golpes de Estado y atrocidades en el continente que dejó la Guerra Fría. Sin embargo, ante el deterioro de la situación en Venezuela, el Gobierno decidió que valía la pena arriesgarse para tener información de primera mano de lo que estaba ocurriendo en el Ejército venezolano.
“Después de discutirlo mucho, acordamos que debíamos escuchar lo que tenían que decir”, dice una de las fuentes de la información. Estados Unidos envió a un diplomático de carrera “solo para escuchar”, sin autorización para negociar ni ofrecer nada.
Según la información, el diplomático comunicó que los venezolanos no parecían tener los planes de golpe de Estado bien definidos y parecían haber ido al encuentro esperando que Estados Unidos les diera ideas. El mando venezolano, por su parte, dice al Times que nunca planearon una intervención de EE UU. “Nunca acepté, ni propuse, una intervención conjunta”.
Los militares planearon ejecutar su acción el pasado verano, cuando Maduro suspendió los poderes del Legislativo. Después planearon hacerlo en marzo y de nuevo en mayo, pero nunca llegó a concretarse. Según el militar citado en el Times, para que la operación tuviera éxito debían detener simultáneamente a varios altos cargos de Maduro. Para ello necesitaban poder comunicarse por una vía secreta.
La petición de las radios encriptadas se realizó en el segundo encuentro, el año pasado. La Administración lo rechazó. El militar citado en el artículo se muestra frustrado con EE UU. Finalmente, hubo una tercera reunión a principios de 2018 que tampoco se concretó en nada. Según este militar, había entre 300 y 400 militares dispuestos al golpe, que se han quedado en la mitad después de las redadas de Maduro contra conspiradores en el Ejército.
El 4 de agosto se produjo un atentado contra Nicolás Maduro durante un desfile militar. El presidente fue evacuado del acto tras la explosión de tres drones supuestamente dirigidos contra él. El dirigente bolivariano habló entonces de una conspiración internacional y acusó abiertamente a Juan Manuel Santos, que estaba a punto pasar el testigo al nuevo presidente colombiano, Iván Duque. Maduro llegó a afirmar que los responsables de ese ataque fueron entrenados en Colombia. El país andino se ha convertido en los últimos meses en la principal base de operaciones de la oposición al régimen. Alrededor de un millón de venezolanos cruzaron la frontera desde principios de año, según cálculos oficiales, y la emergencia migratoria ya es una prioridad de la región.
