16 de marzo de 2026 – Caracas – EFE.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre una tentativa de interrupción del servicio de transporte en la capital tras una convocatoria a paro por parte de ciertos sectores del gremio. La funcionaria hizo un llamado general a mantener la actividad laboral en el país y exhortó a que se permita trabajar a quienes no desean sumarse a estas medidas de fuerza. A pesar del llamado a la huelga, las autoridades reportaron que la movilidad ciudadana no se detuvo y que las operaciones continuaron bajo vigilancia oficial para garantizar el derecho al libre tránsito de los caraqueños.
Diversos reportes y observaciones en las principales zonas de Caracas confirmaron que las unidades de transporte superficial se mantuvieron operativas, aunque se registró una mayor afluencia de personas en las paradas habituales. Medios locales señalaron que el cumplimiento de la huelga fue parcial, afectando principalmente las primeras horas de la mañana. Esta situación provocó algunas colas y un incremento notable en la concentración de pasajeros dentro del sistema Metro de Caracas, el cual sirvió como alternativa principal para los usuarios afectados por la irregularidad en las rutas de autobuses.
El núcleo del conflicto radica en las exigencias económicas de los transportistas, quienes solicitan un incremento del cien por ciento en la tarifa del pasaje mínimo para fijarlo en ciento veinte bolívares. Este monto solicitado se aproxima considerablemente al salario mínimo mensual legal vigente en la nación, lo que representa una tensión económica para los usuarios. Además del ajuste tarifario, los trabajadores del sector demandan a las autoridades la devolución de los vehículos que han sido retenidos por aplicar cobros no oficiales de manera arbitraria en semanas anteriores.
Como respuesta a la situación, el Ejecutivo invitó a los representantes del sector a integrarse al Programa para la Convivencia Democrática y la Paz para canalizar sus peticiones de forma institucional. Rodríguez lamentó que existan facciones que, a su juicio, actúan bajo influencias externas para desestabilizar la normalidad cotidiana mediante el uso de dispositivos digitales. El gobierno sostiene que este programa busca fomentar el diálogo entre sectores antagónicos para asegurar que todas las aspiraciones y problemas sean escuchados sin recurrir a la paralización de servicios básicos.
Para mitigar los efectos del paro parcial, la Alcaldía de Caracas y la Policía Nacional Bolivariana activaron planes de contingencia inmediata en los puntos más críticos de la ciudad. Se pusieron a disposición vehículos oficiales de distintas dependencias gubernamentales para facilitar el traslado de los ciudadanos hacia sus centros de trabajo y hogares. Estas unidades de apoyo sirvieron para contrarrestar la falta de autobuses privados en ciertas rutas y para aliviar la carga de pasajeros que se aglomeró en los paraderos durante las horas pico del lunes.
Por otro lado, figuras de la oposición y antiguos gobernadores manifestaron su rechazo a la postura oficial, argumentando que se está criminalizando el derecho legítimo a la protesta y a la huelga. Los críticos señalan que calificar de extremistas a los gremios que manifiestan descontento por la situación económica limita las libertades sociales fundamentales. Mientras el debate político continúa, el objetivo de las autoridades municipales sigue siendo la recuperación total de la normalidad en el flujo vehicular y la estabilidad en el costo del transporte público superficial.
