La medida llega tras la polémica de la “tasa de la diáspora” que el régimen del país africano fuerza a pagar a sus ciudadanos que piden asilo en el exterior
18 de enero de 2018 – La Haya – Agencias.
Holanda ha ordenado la expulsión del alto representante de Eritrea en el país por haber obligado a un refugiado eritreo a pagar impuestos y expresar arrepentimiento por huir de su región natal. La expulsión sigue a una intensa polémica sobre el pago de lo que Eritrea denomina “tasa de la diáspora”, un impuesto que asciende al 2% de los ingresos de los eritreos instalados en el extranjero, vigente desde 1994, y que, según un informe del Gobierno holandés del pasado septiembre que ha analizado esta práctica en siete países, no sólo carece de base legal sino que se obtiene a través de la intimidación y la coerción de los solicitantes de asilo.
En 2015 había en Holanda 8.434 refugiados de esta nacionalidad, según datos oficiales. No todos habían conseguido asilo, y las autoridades los consideran uno de los grupos más vulnerables.
El pasado diciembre, el programa Argos, de la radio nacional holandesa, emitió una grabación donde podía escucharse al jefe de la delegación diplomática eritrea forzando a un refugiado a abonar el impuesto. También le obligó a declarar que lamentaba haber huido de su país. Tekeste Ghebremedhin Zemuy, el responsable diplomático declarado ahora persona non grata, “recibe así una señal diplomática para que vea que esta clase de intimidación y coerción no se pueden tolerar”, ha dicho Halbe Zijlstra, ministro de Exteriores holandés. La embajada de Eritrea para Holanda y Bélgica está en Bruselas, y las autoridades holandesas no han querido cerrar su oficina en La Haya “para evitar mayores problemas a los ciudadanos africanos aquí instalados”.
El régimen del presidente Isaias Afewerki, líder del único partido legalizado, el Frente Popular por la Democracia y la Justicia, utiliza este impuesto de la diáspora para controlar supuestamente a sus ciudadanos residentes en otros países. En septiembre de 2017, el Gobierno holandés concluyó en su estudio que “la base legal de dicha deducción es dudosa, y la forma de recaudarla presenta serios problemas”. Según el informe elaborado entonces, “ante la negativa a pagar, Eritrea puede suprimir los servicios consulares y castigar a los familiares que permanezcan en África”. La emisión radiofónica de diciembre, lograda de forma independiente, ha ilustrado el informe oficial.
En conjunto, la comunidad eritrea instalada en Holanda suma cerca de 20.000 personas, y las denuncias de extorsión y amenazas figuraban ya en el informe presentado en 2015 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sus expertos afirmaron que “con la excusa de defender la integridad del Estado, los ciudadanos están obligados a cumplir el servicio militar y también trabajos forzados, que les esclavizan por periodos indefinidos de tiempo”. La misma investigación señaló que los eritreos que abandonan el país “tienen que enviar dinero bajo amenazas y hay una red de espías repartida por el extranjero para seguir sus movimientos”. Tras el anuncio de la expulsión del encargado de negocios, el ministro Zijlstra ha admitido que “Eritrea no comprende la repulsa política, y de la sociedad holandesa, ante estas prácticas indeseables”.
