27 de mayo de 2025 – San Antonio (EE.UU.) – EFE.
Un juez federal en Massachusetts ha acusado al gobierno de Donald Trump de provocar caos al expulsar migrantes hacia el este de África, desobedeciendo una orden judicial que prohíbe enviar personas a países donde puedan ser torturadas. El juez Brian Murphy rechazó una solicitud del gobierno para suspender esa orden, insistiendo en que incluso si los migrantes están fuera del país, sus casos deben ser evaluados conforme al debido proceso.
En su decisión, Murphy señaló que el gobierno ha tergiversado las instrucciones del tribunal y acusó directamente a las autoridades de generar el mismo desorden que afirman intentar evitar. Esta declaración surge después de que el gobierno enviara a ocho migrantes, entre ellos dos cubanos y un mexicano, en un vuelo hacia Sudán del Sur, según denunciaron abogados de organizaciones de derechos humanos.
Durante una rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional evitó confirmar el destino final de los expulsados, pero más tarde se informó al tribunal que el avión aterrizó en Yibuti. Según el DHS, los migrantes en cuestión tienen antecedentes penales, incluidos cargos graves como homicidio y posesión ilegal de armas, y se encuentran bajo custodia estadounidense.
El juez exigió que se realicen entrevistas de miedo creíble a los migrantes expulsados, aun estando fuera del territorio nacional, para evaluar si podrían acogerse a la protección internacional contemplada en la Convención contra la Tortura. Esta disposición busca impedir que las personas sean enviadas a lugares donde corren riesgo de sufrir abusos.
Este caso representa un nuevo enfrentamiento entre la administración republicana y el sistema judicial, en medio de una política migratoria cada vez más severa. El gobierno de Trump ha sido acusado por organizaciones y expertos legales de ignorar el debido proceso, lo que podría estar empujando al país hacia una crisis constitucional.
En un esfuerzo por agilizar las deportaciones, el gobierno ha buscado acuerdos con otros países, incluyendo uno con El Salvador. A través de un pacto no divulgado públicamente, Estados Unidos habría pagado seis millones de dólares para enviar a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una prisión en ese país, donde aún permanecen incomunicados.
