24 de junio de 2024 – Miami – EFE.
La magistrada Aileen Cannon, encargada del caso de presunto manejo inadecuado de documentos clasificados por parte del ex presidente y aspirante republicano Donald Trump, evaluó este lunes una petición de los fiscales para que se le prohíba hacer declaraciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los agentes del FBI que registraron su propiedad en Mar-a-Lago.
El fiscal especial Jack Smith solicitó a Cannon, designada por Trump en 2020, que emitiera una “orden de silencio limitada”, después de que el ex mandatario afirmara, según la Fiscalía especial, que los agentes que registraron su residencia en Palm Beach estaban poniendo en peligro a él y a su familia, y que tenía autorización para responder con violencia si fuera necesario.
Los agentes que realizaron el registro en su residencia de Mar-a-Lago actuaron mientras Trump y su familia estaban fuera de Florida.
En un correo electrónico para recaudar fondos, Trump indicó que los agentes del FBI que inspeccionaron su casa de Mar-a-Lago en búsqueda de documentos estaban “simplemente ansiosos por hacer lo impensable”, refiriéndose al uso de la fuerza, algo que no supera el protocolo estándar de registro.
Los abogados del ex presidente Trump (2017-2020) argumentan que cualquier orden de restricción de expresión coartaría indebidamente a su cliente en medio de una campaña presidencial en la que es el candidato republicano.
Aún no se sabe cuándo podría tomar una decisión Cannon sobre este asunto, después de escuchar los argumentos en una audiencia de tres días que comenzó el viernes pasado para abordar diversas cuestiones legales pendientes en este caso.
En mayo pasado, la jueza Cannon pospuso indefinidamente el juicio contra Trump en Florida por el manejo indebido de documentos confidenciales encontrados en su club Mar-a-Lago en Palm Beach, lo cual prácticamente asegura que el juicio no se llevará a cabo antes de las elecciones presidenciales de noviembre próximo, donde competirá contra el presidente Joe Biden.
La jueza federal Cannon consideró el viernes pasado una solicitud de la defensa de Trump para desechar la acusación de manejo inadecuado de documentos, argumentando que el fiscal especial Jack Smith fue designado ilegalmente.
El equipo legal de Trump argumentó que el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, carecía de autoridad legal para nombrar a Smith como fiscal especial a cargo del caso.
El jueves pasado se informó que Cannon rechazó la solicitud de dos jueces federales de retirarse del caso, según reportó ese día el periódico The New York Times.
En el mismo caso, el candidato republicano enfrenta cargos de obstrucción y retención deliberada de documentos oficiales relacionados con la seguridad nacional de EE.UU., los cuales conllevan una pena máxima de 20 años de prisión.
