29 de agosto de 2025 – Nueva York – EFE.
Una jueza federal ha impuesto un bloqueo temporal a la política de deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados impulsada por el gobierno de Donald Trump. La decisión responde a las denuncias de grupos de derechos civiles, quienes argumentaron que esta medida vulnera el derecho al debido proceso legal. La jueza, con su fallo, da un respiro a quienes podrían haber sido deportados sin la oportunidad de una audiencia.
El gobierno de Trump había restablecido esta política de “expulsión inmediata” en enero. La medida, que ya había sido aplicada durante su primer mandato, permitía la deportación acelerada de personas indocumentadas que no pudieran demostrar una residencia continua de dos años o más en el país, sin pasar por una audiencia judicial.
La jueza Jia Cobb, con sede en Washington D.C., emitió un dictamen en el que criticó duramente la política. En su opinión, la medida, que es un pilar de las promesas de deportaciones masivas de Trump, prioriza la velocidad por encima de la justicia. La jueza advirtió que esta celeridad “llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado”.
La decisión de la jueza se dio tras una denuncia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto con la entidad proinmigrante Make The Road New York. Ambas organizaciones solicitaron un bloqueo de la política de deportaciones, argumentando que violaba la Quinta Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a un proceso legal justo, además de otras leyes migratorias y administrativas. La jueza accedió a su petición.
En su dictamen de 48 páginas, la jueza Cobb aclaró que su decisión no cuestiona la constitucionalidad de la política de deportaciones rápidas en sí misma, que ha sido utilizada por mucho tiempo para deportar a inmigrantes que son detenidos cerca de la frontera a pocos días de haber llegado al país. Su objeción se centra en la expansión de esta política a un grupo mucho más amplio de personas.
Cobb enfatizó que, al aplicar la ley a un grupo masivo de personas que viven en el interior del país y que antes no estaban sujetas a una deportación expedita, el gobierno tiene la obligación de garantizar un debido proceso. La jueza rechazó el argumento del gobierno de que quienes entraron ilegalmente al país no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda, afirmando que si esa postura fuera correcta, no solo los no ciudadanos, sino todos, estarían en riesgo.
