18 de agosto de 2017 – Caracas – Agencias.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del Gobierno de Nicolás Maduro dio un nuevo y decisivo paso para acabar con los órganos de poder que no le son afines. Ayer, a través de un decreto, asumió las competencias legislativas «para la paz, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, la preminencia de los Derechos Humanos y los actos parlamentarios sin forma de ley, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», según reza el primer apartado del texto que formaliza de hecho la disolución del Parlamento democrático controlado por la oposición.
Esta medida la tomó Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, después de que llamara a comparecer a los responsables del Parlamento para que, tal como lo establece la ley, se subordinaran a la Constituyente y fuese ésta la que decidiera su destino. Julio Borges, como presidente de la AN, rechazó la convocatoria a través de una carta abierta en la que ratifica su autonomía y la suscripción a la Carta Magna vigente. «Doscientos seis años después del nacimiento de la República se pretende someter al pueblo de Venezuela a una mentira constituyente, a la simulación de un nuevo momento fundacional con el único objeto de destruir la Constitución de 1999, que además el pueblo volvió a ratificar el año 2007, para perpetuar una dictadura. Por eso, la junta directiva y los diputados de la Unidad de la Asamblea Nacional elevamos nuestras voces de legítimos representantes populares para expresar las razones por las que rechazamos, desconocemos y no compareceremos ante la fraudulenta asamblea nacional constituyente y nos sometemos a la vigencia de la Constitución de 1999», según dicta el decreto emitido por la dirección del Parlamento.
No es la primera vez en los últimos seis meses que la AN es golpeada con una medida que busca impedir su trabajo. El 31 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia emitió dos sentencias, la 155 y la 156, en las que declaraba que el Alto Tribunal asumiría algunas competencias del Parlamento y disolvía la inmunidad parlamentaria prevista para la protección de los diputados en funciones. Esta acción fue la que desencadenó cuatro meses de protestas en las que murieron más de 120 personas, hubo miles de heridos y al menos cien presos políticos.
Ahora, tras la decisión de ayer, en teoría y en la práctica, el Legislativo se queda sin competencias y aunque desde hace más de un año que fue declarado en desacato, en el que no ha podido legislar ni controlar, ésta es la venida a menos del trabajo parlamentario. Desde su conformación el 5 de enero del 2016, la AN con mayoría opositora ha recibido al menos 50 medidas en su contra, la mayoría emitidas desde el Supremo. Asimismo, ha sido blanco de ataques violentos en su sede, tal como ocurrió el 27 de junio y el 5 de julio, cuando grupos identificados con el chavismo irrumpieron con palos, piedras y armas al lugar en que se reunían los diputados opositores.
Para Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso del Partido Socialista Unido de Venezuela, no existe disolución de la AN y así lo expresó a través de su cuenta de Twitter. «Para los que andan chillando, la ANC no ha eliminado la AN, sólo asume funciones de quienes se han colocado al margen de la Constitución». Por su parte, Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, aseguró que los diputados deben seguir trabajando y respetar al Poder Originario (ANC) e hizo votos por llegar a un acuerdo en el que nadie cree ya.
Unos días antes, la misma Constituyente decidió la destitución de Luis Ortega Díaz, entonces fiscal de la República, y en su lugar designó a una ficha del chavismo, el ex Defensor del Pueblo Tarek William Saab. En apenas 15 días todas las decisiones de la ANC han sido políticas, para hacer desaparecer cualquier tipo de oposición, pese a que durante la campaña prometieron que una de las prioridades sería el sector económico.
