18 de agosto de 2017 – Caracas – Agencias.
Se estrecha el cerco entorno a los «intocables», ese grupo de fiscales venezolanos encabezado por Luisa Ortega Díaz que se ha enfrentado abiertamente al régimen de Nicolás Maduro. La cacería se ha vuelto incesante, con peligro incluso de muerte para algunos. Desde que comenzó el antejuicio a Ortega para destituirla, todo su equipo y círculo cercano han sido acosados. Según se pudo saber de fuentes cercanas a Ortega, la fiscal general llevaría dos semanas fuera del país, probablemente en Miami. Todo su equipo de abogados, la mayoría mujeres, también habría viajado al exterior. Uno de sus ayudantes estaría detenido, mientras que su marido, Germán Ferrer, estaría en paradero desconocido. «A la fiscal no la va a detener, en respeto al fallecido Hugo Chávez, quien la apreciaba. Sin embargo, hay orden de dañar su imagen y su entorno, y en este sentido su marido es su tendón de Aquiles», afirma la misma fuente, que prefiere guardar el anonimato.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya ha ordenado la detención del diputado Ferrer, al que el Ministerio Público acusa de formar parte de una trama que habría utilizado la Fiscalía para lucrarse mediante la extorsión. El tribunal establece además que no tiene ni derecho al antejuicio de mérito que debe preceder a la apertura de procesos a altos cargos al tratarse de un caso de «delitos en flagrancia», lo que permite a la Justicia saltarse este paso para evaluar si existen motivos para enjuiciar a estas figuras públicas. La Fiscalía dice tener en su poder «documentos originales» firmados por Ferrer y otros acusados que demostrarían que abrieron cuentas en Bahamas, donde tendrían hasta seis millones de dólares.
El oficialista Diosdado Cabello, uno de los miembros más influyentes de la plenipotenciaria Asamblea Constituyente, volvió a denunciar ayer a Ferrer y a varios altos cargos del Ministerio Público bajo el mando de Ortega por formar parte de esta supuesta red de extorsión. Según la denuncia de Cabello, en la que se basó el nuevo fiscal general, Tarek Saab, para pedir las detenciones Ferrer y el que fuera fiscal anticorrupción Pedro Lupera pedían grandes cantidades de dinero en dólares a cambio de retirar acciones penales contra los extorsionados. Empresarios que trabajaban en la faja petrolera del Orinoco –donde se encuentran las mayores reservas de petróleo del país– alertaron de ser víctimas de estas prácticas, según dijeron Cabello y Saab.
Ferrer es uno de los antiguos diputados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que han roto con el presidente Nicolás Maduro y han montado un grupo parlamentario propio en la Cámara venezolana. Representa a la denomina «grieta», un grupo de disidentes chavistas que añoran los tiempos del comandante, y que no aprueban la gestión de Nicolás Maduro.
La esposa de Ferrer, Luisa Ortega Díaz, se rebeló hace meses contra el Gobierno y el Supremo, al que acusa de servir al Ejecutivo, y fue destituida el 5 de agosto por la nueva Asamblea Nacional Constituyente, creada por el chavismo para refundar el Estado y purgar las instituciones. La residencia caraqueña de ambos fue registrada por agentes del servicio de Inteligencia, que se llevaron ordenadores y otros objetos.
Las represalias comenzaron después de que la Fiscalía imputase a varios dirigentes de una empresa petrolera con participación del Estado al hallar indicios de que inflaron precios a la hora de encargar compras de productos de la compañía. El Gobierno teme que Ortega esté colaborando con Estados Unidos para crear causas por corrupción y narcotráfico que tengan alcance internacional.
