Una filtración de la FGR señala al exmandatario por cometer traición a la patria, cohecho y fraude electoral, pero solo pide la detención de su exsecretario
13 de noviembre de 2020 – México – Agencias.
El cerco judicial contra Enrique Peña Nieto se cerró un poco más este jueves al conocerse las intenciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de acusar al expresidente de tres delitos que comenzaron antes, incluso, de su llegada al poder. Para la Fiscalía, Peña Nieto jugó un papel central en el caso Odebrecht y lo acusa de cohecho, traición a la patria y delito electoral, de acuerdo con el documento publicado en el periódico Reforma.
Aunque no pide su detención, la Fiscalía sí solicita el encarcelamiento de su más cercano colaborador en los seis años de Gobierno (2012-2018), Luis Videgaray. No obstante la autoridad federal señala con claridad a Peña Nieto al decir que contó con su “propio aparato de poder criminal”, a partir del que puso en marcha una estrategia de compra de legisladores para la aprobación de las reformas energéticas con dinero de la constructora brasileña Odebrecht.
Según el documento filtrado, Peña Nieto es el autor mediato de la “teoría del control o dominio de la voluntad por medio de un aparato de poder organizado”, a través del que dominó la voluntad de quienes hicieron los pagos, el secretario de Hacienda y canciller, Luis Videgaray, y el exdierector de Pemex Emilio Lozoya. “Peña Nieto contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores y tuvo un poder de mando y directivo sobre sus allegados en el Gobierno que, desde luego, no era simbólico, sino que también incluía la capacidad de dar órdenes específicas, las cuales estaban obligados a cumplir”, señala la Fiscalía.
Hasta el momento, la institución dirigida por Alejandro Gertz Manero guarda silencio sobre la publicación del documento aunque los conocedores del caso apuntan a que se trata de una filtración desde las altas esferas de la Fiscalía.
Por los sellos y número de registro, el documento de 100 páginas es la solicitud de orden de aprehensión que la Fiscalía envió a un juez a finales de octubre, pero que fue rechazada al considerar que no se cumplían todos los requisitos para ordenar la detención de Videgaray.
Sin embargo, las tres acusaciones revelan la línea que sigue la Fiscalía, el disparo más alto realizado hasta ahora por la justicia mexicana en su proceso de revisión del mandato Peña Nieto. Hasta el momento el expresidente hoy residente en Madrid, guarda silencio sobre las graves acusaciones en su contra supuestamente cometidas desde la campaña de 2011 hasta el fin de su Gobierno en noviembre de 2018. La Fiscalía únicamente pide la detención en contra de Videgaray, aunque deja claro que el exmandatario utilizó a Lozoya ya este último como “instrumentos”.
En el caso del delito de cohecho, según el documento publicado por Reforma, Videgaray repartió más de 121 millones de pesos al excandidato presidencial Ricardo Anaya, a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle y al diputado del PRI, David Penchyna. El dinero fue, presuntamente, para obtener el voto de los legisladores en favor de la reforma energética, aprobada a finales de 2013. Sobre el delito de traición a la patria, la Fiscalía argumenta que tras las llamadas “reformas estructurales” se benefició a empresas extranjeras como Odebrecht para aprovecharse con la explotación de los recursos naturales propiedad de la Nación. “Los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo [Peña Nieto]”, indicó la Fiscalía.
El ventilador de las acusaciones de la Fiscalía comenzó con la detención en febrero de Emilio Lozoya, exdirector de la paraestatal petrolera Pemex. Después de varios meses prófugo, Lozoya fue detenido el 12 de febrero en Marbella, en el sur de España, acusado de lavado de dinero, de asociación delictuosa y cohecho. Lozoya se convirtió, desde entonces, en delator de sus antiguos jefes y compañero de Gobierno.
El exdirectivo de Pemex llegó extraditado a México el pasado 17 de julio, a bordo de un avión enviado por López Obrador. Las autoridades trataron de hacer creer que sería ingresado en el Reclusorio Norte aunque en realidad fue llevado a un hospital por una supuesta “anemia severa” y desde entonces sigue el proceso desde su casa. En su acusación, Lozoya señaló a Peña Nieto y Videgaray de orquestar un mecanismo de corrupción desde el poder mismo. Además, entregó unos vídeos, exhibidos por el propio López Obrador, donde destacados nombres de la oposición reciben sobornos millonarios a cambio de aprobar las reformas energéticas.
