El equipo que defiende a Michael Cohen trata en los tribunales de limitar al máximo el material que se podrá hacer público
30 de mayo de 2018 – Nueva York – Agencias.
Las autoridades federales ya tienen, literalmente, las manos en la masa. Los investigadores han empezado a diseccionar más de un millón de documentos y pertenencias que el FBI requisó a Michael Cohen, material de alto voltaje que incluye las comunicaciones privadas que el controvertido abogado mantuvo con el presidente Donald Trump antes de llegar a la Casa Blanca. El proceso para determinar qué puede salir o no a la luz avanza rápidamente aunque se espera que pueda durar aún al menos tres semanas.
Barbara Jones es la encargada de revisar y verificar toda la documentación recabada por los investigadores federales en la oficina, el apartamento y la habitación de hotel de Michael Cohen el mes pasado. El volumen total podría acercarse a los cuatro millones de archivos, que está dividiendo en cuatro bloques. Uno se refiere a los documentos que están sujetos al privilegio del secreto profesional entre el abogado y su cliente (Trump). Otro, está a medio camino entre lo que está protegido y puede ser público.
La tercera categoría agrupa material público y la cuarta son documentos muy personales, como facturas. El equipo de Jones transfirió ya 292.000 artículos a los investigadores federales tras su examen y solicitó autorización para poder liberar un millón más. Cohen, el presidente a través de su nuevo abogado y la organización Trump designaron hasta ahora 252 documentos como privilegiados, es decir que no se pueden desclasificar.
En la vista celebrada este miércoles, la juez neoyorquina Kimba Wood dio de plazo hasta el 15 de junio para que la defensa concluya el examen del material requisado por el FBI, que incluye documentos, teléfonos, tabletas electrónicas, ordenadores y dispositivos de almacenamiento electrónico. La investigación tiene origen en el pago, por parte de Cohen, de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels días antes de las elecciones presidenciales de 2016, para que no revelara un presunto encuentro sexual que tuvo con Donald Trump en 2006.
La Casa Blanca niega que tal relación tuviera lugar pese a que Trump aparentemente reembolsó a Cohen por el pago. La fiscalía, que aún debe presentar cargos contra el abogado, también está investigando otros de sus negocios. Uno de sus socios en su compañía de taxis acaba de declararse culpable de fraude. Cohen se autodenomina como el “solucionador” y, tras la toma de posesión de Trump en enero de 2017, aprovechó su conexión con el presidente para ofrecerse como asesor a grandes corporaciones.
Advertencia a Avenatti
En paralelo, la magistrada debe decidir si admite que el abogado Michael Avenatti pueda hablar en nombre de Stormy Daniels ante el tribunal. El letrado practica en California y necesita un permiso especial para representar a la actriz porno en Nueva York. El equipo de Michael Cohen trata de torpedear esta opción utilizando como argumento los problemas del antiguo despacho de Avenatti, que fue condenado a pagar 10 millones a un socio.
Avenatti utilizó la vista para pedir que se publiquen de inmediato las grabaciones que hizo Cohen mientras trabajaba para Trump, que incluirían las comunicaciones en las que el anterior abogado de Daniels discutió el pago por el silencio de la actriz. Los representantes de Cohen admitieron su existencia. La magistrada Wood aprovechó, sin embargo, la comparecencia para pedirle que se abstenga de hacer comentarios públicos si se le autoriza a intervenir en su corte.
“No puedes ir declarando tu opinión sobre la culpabilidad de Cohen como has hecho”, le reprochó la juez. “Tampoco hacer públicos documentos”, añadió en referencia a la filtración de las cuentas bancarias. Wood admitió que por su situación no puede impedirle hacer publicidad a la causa de su cliente. Por eso se declaró dispuesta a poner orden en esta “especie de limbo” que le permite denigrar al abogado de Trump y que puede entorpecer que eventual tenga un juicio justo.
