Las organizaciones de derechos humanos denuncian que los gobiernos locales están buscando un chivo expiatorio con réditos electorales. Las solicitudes de asilo se han disparado un 1000% en tres años
18 de mayo de 2018 – Agencias.
Supo que eran salvadoreños porque no pronunciaban la s final de vos y porque alcanzó a distinguir los tatuajes en la cara: “Voh, aquí no se mira, si volteas a verme te mato”. Le reventaron la ceja derecha con la empuñadura del revolver. Tirado boca abajo, le robaron los 700 pesos que le quedaban y la mochila cargada de ropa. Byron García, guatemalteco, 37 años, acababa de cruzar la frontera con México huyendo precisamente de las amenazas de muerte de los pandilleros. Ahora, menos de 24 horas después, está sentado en un refugio religioso en el centro de Tapachula (Chiapas), sin dinero, magullado por fuera y humillado por dentro. “¿Qué voy a hacer? Yo me quiero quedar a trabajar aquí para no estar muy lejos de mi familia, pero me han dicho que hasta en los albergues es difícil que te dejen estar”.
Byron García es una de las 400.000 personas que entran cada año a México, una población migrante acosada por las amenazas estructurales –desamparo, instituciones desbordadas, pobreza, vulnerabilidad ante las redes de los cárteles y las maras– a las que últimamente hay que sumar una más: un clima de hostilidad por parte de la población local que, según las organizaciones de derechos humanos, se ha acentuado durante la campaña electoral.
“La xenofobia —constata un reciente informe del Think Tank Crisis Group — está creciendo por los estados del sur ante la llegada de ciudadanos centroamericanos que, huyendo de la violencia en sus países, cada vez más solicitan asilo político y no están siendo debidamente atendidos”. La frontera, de Tapachula a Tenosique, se ha convertido en un cuello de botella de 1.150 kilómetros.
El acelerón de las solicitudes de asilo —1000% en tres años— tiene mucho que ver con el endurecimiento de los controles en EE UU. Pero México, pese a las criticas de Trump, tampoco ha aflojado la mano. El Plan Frontera Sur, firmado en 2014, ha solidificado la colaboración entre ambos países con una fuerte inversión económica, tecnológica y presencia estadounidense.
Varios analistas hablan incluso de una externalización de la frontera de EE UU al sur de México. De las 14.500 solicitudes de refugiados —tres cuartas partes, de El Salvador, Honduras y Guatemala— registradas en 2017, solo han aceptado el 13%. Desde hace tres años, México detiene y deporta más que Trump.
En Tapachula, el gran nodo del aparato migratorio mexicano, con el centro de detención más grande de Latinoamérica, uno de los dos albergues para migrantes tiene solamente ocupadas 20 de las 180 camas. “Es por seguridad, porque ya no es como antes, ahora viene gente muy maleada y no la aceptamos”, apunta el encargado Jordán Matus.
Ante la crisis de refugiados, como la definen ya las organizaciones, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha intentado recientemente construir tres nuevos albergues en la ciudad —350.000 habitantes—. Los tres intentos fueron paralizados por la presión de los vecinos.
“Estamos ante un escenario nuevo. Ya no se trata tanto del migrante en tránsito que quiere llegar a EE UU. Ahora suele permanecer al menos el plazo del procedimiento de asilo, que ante unas instituciones saturadas, puede durar hasta 9 meses. Chiapas es el estado más pobre de México y se está empezando a dar una competencia por las oportunidades, que puede generar tensiones con la comunidad de acogida”, sostiene Valentina Duque, portavoz de ACNUR en el Estado.
De sus 5,2 millones de habitantes (uno de cada dos, indígenas), el 76% es pobre. El 15% de los adultos son analfabetos, la mitad de las casas no tienen lavadora y un tercio no tiene refrigerador. Después de seis años de alianza PRI-Partido Verde en el poder durante los que las cifras han seguido hundiéndose, el 1 de junio el estado sureño renovará todas las instancias gubernamentales, con Morena pujando alto en las encuestas.
“Todo está amolado en Chiapas”, resume José Juárez sentado en la plaza principal de Tapachula, mirando de frente el consistorio municipal. A sus 67 años, el trabajo de agricultor no le ha dado derecho a ninguna jubilación y espera “que con las elecciones se muevan las cosas” y, de paso, “que arreglen la frontera porque muchos de los problemas los causan los personas que vienen de fuera no más a robar y a asaltar”.
—¿A usted o a alguien de su entorno le han asaltado o robado?
—No, pero es lo que sabemos por los periódicos
“La frontera de Chiapas es territorio Mara”, portada del 10 de mayo del Diario del sur. “Capturan al jefe mara del Barrio 18”, portada de 15 de mayo. El propio alcalde Neftalí del Toro, PRI, declaró en enero del año pasado que “Tapachula está contaminada por los extranjeros” tras los disturbios por la subida del precio de la gasolina, generalizados en todo el país. Las cifras oficiales revelarían después que de los 400 detenidos en la ciudad, solo 25 eran no mexicanos. Consultado por este periódico, el ayuntamiento declinó participar o aportar datos para este reportaje.
“Es cierto que existe presencia organizada de maras en la zona, y que hace años no era así. Pero se da una confusión deliberada entre la política migratoria y la de seguridad. Sobre todo ahora, en periodo electoral. Hay un clima generalizado de xenofobia viciado por el discurso institucional y patronal que enfatiza la nacionalidad del extranjero y la vincula con la delincuencia organizada”, apunta Salvador Lacruz, miembro del Centro de derechos humanos Fray Matías.
Todas las instituciones mexicanas sobre migración dependen de la Secretaria de Gobernación, incluso el departamento responsable del derecho de asilo, la Comisión de Mexicana de Ayuda Refugiado (COMAR), una anomalía en el derecho comparado, que suele encajar estas funciones en las cancillerías.
Los candidatos presidenciales no han hecho muchas referencias al fenómeno inmigrante, centrados más en los emigrantes mexicanos a EE UU, que sí tienen derecho a voto el próximo 1 de junio. El favorito en las encuestas, López Obrador, se pronunció el mes pasado a favor de mudar gran parte de la administración de migración de Tapachula a Tijuana.
“Gané quien gane, no tenemos esperanza de que nada cambie”, pronostica una fuente de la COMAR que prefiere no dar su nombre. “Estamos rebasados porque pese al fuerte incremento de refugiados, no ha crecido nuestro presupuesto desde hace dos años. Somos una milésima parte de Gobernación y apenas importamos”.
En la orilla mexicana del rio Suchiate, la frontera líquida con Guatemala, a una hora en coche de Tapachula, también manda la indiferencia. Oscar López es uno de los balseros que, por 15 pesos (0,7 dólares) y en menos de tres minutos, transportan personas y mercancías de estraperlo de un lado al otro. “No creo que cambien mucho las cosas. Esto es un negocio tanto para unos como para otros”.
Mientras sirve un vaso de atole a un grupo de guatemaltecos recién llegados, Mariana Rodríguez tampoco lo tiene claro: “Dicen que va a ganar Morena, lo que pasa es que aquí la gente se vende. Si le dan billete, 500 pesos, por ejemplo, se lo toman como un trabajo y cambian de voto”.
