La política de acogida costarricense coincide con una imagen debilitada del Gobierno, una crisis fiscal y una creciente preocupación por la criminalidad
22 de agosto de 2018 – San José (Costa Rica) – Agencias.
Un cóctel de factores económicos y sociales comprometen la política de acogida ante los refugiados que siguen llegando cuatro meses después del estallido de la crisis en Nicaragua. Los aprietos financieros del Gobierno, su estrecho margen político, la inquietud por la seguridad, la falta de empleo y un ambiente de pesimismo popular se mezclan con el germen de la xenofobia y dan pie al rechazo desde un sector de los costarricenses contra sus vecinos del norte. La inédita manifestación del sábado en un parque de San José fue su expresión más extrema hasta ahora.
El Gobierno del progresista Carlos Alvarado, dedicado en sus primeros 100 días a negociar una reforma fiscal en un Congreso dominado por la oposición, recibe críticas por la política migratoria que ha otorgado estatus legal temporal a más de 23.000 nicaragüenses solicitantes de refugio. Políticos de otros partidos y ciudadanos críticos le recriminan la apertura de puertas a los extranjeros que se declaran perseguidos por el régimen de Daniel Ortega. Le señalan riesgos por la presión sobre el mercado laboral, la supuesta posibilidad de enfermedades importadas y el temido ingreso de delincuentes o de sandinistas dirigidos por su presidente para perseguir aquí a opositores y provocar desórdenes que desvíen la atención sobre los acontecimientos en suelo nicaragüense.
Alvarado ha debido combinar su discurso pro derechos humanos con promesas de aplicación de la ley y de controles policiales en la frontera norte para evitar los peligros que le señalan. “Entiendo la preocupación que expresan muchos costarricenses, pero no debemos partir del miedo, sino del trabajo inteligente y equilibrado”, dijo en cadena nacional. Ha pedido a la población confiar en la gestión gubernamental sobre Nicaragua e intenta responder a los cuestionamientos de partidos opositores. Asegura que tiene el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y de cooperantes como Estados Unidos y Unión Europea, pero espera más cooperación para atender la oleada migratoria. La canciller, Epsy Campbell, insistió ante los diputados este martes que no hay aún un estado de crisis, porque no se registra un aumento desbordado de servicios de salud, educación o asistencia social.
La mayoría de la población, sin embargo, reprueba la gestión del Gobierno ante la crisis en Nicaragua, según una encuesta publicada este miércoles por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica. Este estudio muestra la baja popularidad del Gobierno al mando de Carlos Alvarado, que comenzó el 8 de mayo con solo 10 diputados oficialistas entre 57 escaños. La decisión de elegir ministros provenientes de distintos partidos políticos no se ha traducido en un mayor apoyo a su administración, que convive con un momento de pesimismo sobre la economía (75% de opiniones negativas) y sobre el rumbo de este país de desarrollo social medio-alto, conocido por un sistema de bienestar superior a los promedios en América Latina.
La encuesta también recoge el repunte de la preocupación popular por la seguridad, que ahora es señalado como el mayor problema que tiene Costa Rica. El segundo es el desempleo (tasa del 9% junto a un 45% de informalidad) y el tercero, la crisis fiscal. Las encuestas se aplicaron en los días en que se conoció el asesinato de una turista española en la costa del Caribe y otra mexicana en el Pacífico. En el primer caso, el principal sospechoso es nicaragüense y esta condición sirvió para reforzar el prejuicio sobre la relación entre inmigrantes y delincuencia, aunque las cifras oficiales indican que del total de población encarcelada el 90% es costarricense, en coincidencia con el total de los habitantes del país.
La opinión recogida en el estudio del CIEP muestra también una percepción sombría sobre la economía, aunque su perspectiva de crecimiento en este año supera el 3% y, por tanto, al promedio de América Latina (2,2%, según CEPAL). “El país vive la coyuntura más compleja de las últimas décadas”, dijo en agosto la Contralora General de la República, Marta Acosta, en alusión a un déficit de casi 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y un endeudamiento creciente y cada vez más caro. Esto compromete las tasas de interés, amenaza el ritmo de la economía y limita la inversión social del Gobierno, advierten los expertos.
Con base en esta alerta, los opositores advierten de que el país está incapacitado para atender a población extranjera. Sin embargo, un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que el aporte de los inmigrantes a la economía costarricense equivale a un 12% del PIB, aunque los nicaragüenses (la mayoría de los extranjeros) trabajen en sectores poco cualificados como la construcción, agricultura y servicio doméstico, donde suelen recibir salarios más bajos que los de costarricenses.
Basados en razones humanitarias, en el aporte económico al país y en el descrédito de una relación entre extranjeros y criminalidad, numerosas voces se han activado esta semana en solidaridad con los inmigrantes. Siete expresidentes de la República firmaron un manifiesto en que pidieron controles migratorios que permitan rechazar a “personas indeseables”, pero llamaron a tener una actitud solidaria con los nicaragüenses. Grupos particulares y de universitarios también convocaron a una manifestación para este sábado en rechazo a la xenofobia expresada en redes sociales y en la manifestación del sábado que acabó con la detención de 44 personas y el decomiso de cuchillos y bombas caseras. Las personas detenidas ya fueron liberadas, pero la Policía se mantiene alerta por posibles focos de desórdenes de grupos xenófobos, advirtió el ministro de Seguridad, Michael Soto.
