El departamento de Inmigración endurece el proceso ante la ola de peticiones de amparo
9 de febrero de 2018 – Miami – Agencias.
La ola de emigración venezolana a Estados Unidos sigue disparándose. Las peticiones de asilo político llegaron en 2017 a 29.250 según el departamento de Inmigración. El doble que en 2016, cuando se registraron 14.738 y los venezolanos fueron por primera vez los que hicieron más solicitudes de amparo, superando a los chinos. En el último lustro, desde la muerte en 2013 del expresidente Hugo Chávez y en paralelo al galopante deterioro de la situación económica y política, el número de peticiones de asilo de venezolanos se ha multiplicado por 37. En 2013 lo pidieron 786.
Estados Unidos, que con Donald Trump en la presidencia ha adoptado una política de restricción de la inmigración y el asilo, ha empezado a tomar medidas para intentar contener el masivo movimiento de peticiones de venezolanos. Inmigración anunció el 31 de enero que a los nuevos solicitantes los convocará para una entrevista con un oficial en menos de tres semanas para “disuadir a las personas de utilizar los retrasos en el procesamiento de casos de asilo con el único fin de obtener autorización de empleo”. La norma se impone para todas las nacionalidades, pero el motivo principal es la inmigración masiva de venezolanos que escogen esta vía para asentarse en EE UU.
Hasta ahora las entrevistas se fijaban antes para las peticiones más antiguas, y el tapón burocrático hacía que la cita tardase tres o cuatro años en llegar. Entretanto, los solicitantes podían estar legalmente en EE UU y recibían un permiso de trabajo. La nueva medida estrecha el margen de maniobra y ha despertado inquietud entre la comunidad venezolana. Muchos de ellos no cuentan con pruebas sólidas para demostrar que son perseguidos políticos en su país, explica Ángel Domínguez, abogado de un bufete de Miami que lleva casos de venezolanos. “Utilizan el mecanismo del asilo político para poder contar con una estancia legal, pero salieron de su país por problemas económicos, por el agravamiento de la situación humanitaria, no porque los persiguiese el Gobierno”.
La proximidad de una entrevista con un oficial de inmigración al que tendrán que convencer de su solicitud agobia a multitud de venezolanos llegados recientemente. “Yo no confío del todo en conseguirlo, pero creo en la buena voluntad de Estados Unidos más allá de las evidencias que pueda aportar”, dice Carlos, un venezolano de 25 años que llegó en agosto y pidió asilo hace una semana. “Yo militaba en un partido opositor y en una protesta me dieron una golpiza funcionarios del régimen. Me tuvieron que operar de un ojo y tuve múltiples fracturas en la nariz. Me golpearon con palos, con cadenas y hasta con un guante de kickboxing”, relata. Afirma que en su petición ha aportado los informes médicos, declaraciones de testigos, documentos de su actividad política y hasta fotografías del momento mismo de la intervención quirúrgica. Carlos, que prefiere no dar su apellido, vive la situación con incertidumbre. Dice que no tiene “plan B”. Solo un plan: “No regresar a Venezuela”.
El abogado Domínguez advierte de que un posible fracaso en la entrevista en Inmigración no supone una sentencia final. “La deportación no es inmediata, y además hay derecho a apelar”.
La ONG Venezuelan Awareness, con base en Miami, ha hecho un comunicado mostrándose “alarmada” por el aumento de solicitudes de asilo por efecto de la “grave crisis que atraviesa Venezuela” y recomienda a los emigrantes que busquen asesoría acreditada. Según su directora, Patricia Andrade, cantidad de peticiones de asilo se hacen de manera poco profesional y con mínimas posibilidades de éxito: “Hay venezolanos que se dejan asesorar por el primer paisano que se encuentran y piensan que aquí es más fácil hacer una solicitud de asilo que sacarse la licencia de conducir”. Domínguez menciona que hay casos de solicitudes con pruebas inventadas.
Pero el endurecimiento del proceso de asilo no frena la llegada de venezolanos. “Allí la situación es cada vez más caótica”, afirma Lorena, de 38 años, que llegó en enero con su hija y también prefiere que no aparezca su apellido. “Para poder comprar una barra de pan tienes que ser la mejor amiga del panadero, o hacer una larga cola para acabar comprando el pan y que te atraquen al salir para robártelo. Vas al banco y no hay efectivo. Estacionas el coche en tu residencia y a la mañana siguiente te han robado el caucho de una rueda y el aceite del motor. No hay alimentos adecuados para los niños y la mayoría de los educadores se han ido ya del país. Y por supuesto no puedes opinar contrario al régimen madurista porque serás un traidor y te perseguirán los funcionarios del Gobierno o los llamados colectivos”. Ella está pensándose si pedir o no el asilo político. Se define como “disidente” pero es consciente de la dificultad de sustentar con hechos los requisitos de amparo. Para los venezolanos pide, si no asilo político, solidaridad: “¿Viendo la realidad terrible que todo el mundo está contemplando, qué más pruebas necesitan EE UU y otros países para ayudarnos?”.
