24 de julio de 2017 – Caracas – Agencias.
Ambas partes «afilan cuchillos» antes de la votación para formar una Asamblea Nacional Constituyente prevista para el próximo domingo, con la que el presidente Nicolás Maduro pretende aumentar el poder del Gobierno. La oposición venezolana anunció ayer una huelga de 48 horas para frenar esta votación, un día después de violentas protestas para respaldar a los magistrados designados por el Parlamento opositor, un tribunal paralelo a la corte suprema chavista.
La cuenta atrás ha comenzado y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) –la plataforma opositora– anunció otro paro general en el país para el miércoles y jueves. Además, la oposición marchará el viernes en su ofensiva final para tratar de frenar la Asamblea Constituyente, cuyos 545 integrantes serán elegidos el domingo 30 de julio dentro de un esquema diseñado por el Gobierno para favorecer un resultado a su antojo.
De forma paralela a la oposición, más de 350 sindicatos de todos los sectores se sumaron al paro general para reclamar mejoras salariales y protestar por la pérdida de los derechos. «Queremos que termine este Gobierno de una buena vez y llamen a elecciones», explicó a Efe Norma Torres, una de las organizadoras de la huelga, dirigente del sector eléctrico de la central sindical Frente de Trabajadores.
Sin embargo, Maduro insistió ayer en que la Constituyente seguirá adelante y amenazó a todos los jueces opositores con detenerlos y congelar sus cuentas bancarias: «Se va a ser implacable si pretenden generar un proceso de violencia para intentar impedir lo imposible de impedir», advirtió el presidente, quien dio instrucciones a los servicios de inteligencia –la política, conocida como el SEBIN– para perseguir a los 33 nuevos magistrados nombrados por el Parlamento la pasada semana con el fin conformar un Tribunal Supremo paralelo al dominado por el chavismo. El primer juez en ser detenido fue Ángel Zerpa, cuyo arresto fue calificado por la oposición de «terrorismo de Estado». El líder opositor Henrique Capriles ya había informado horas antes de la existencia de una orden de los servicios de inteligencia para apresar y llevar ante un tribunal militar a los magistrados del Supremo nombrados por el Parlamento.
La oposición, que domina el Parlamento, considera que el Tribunal Supremo chavista es ilegítimo al haber sido elegido en 2015 de forma ilegal y rápida, cuando el cuerpo legislativo estaba dominado por el chavismo, que era consciente de que perdería el control legislativo. La Asamblea actual asegura que en aquel momento los magistrados fueron nombrados sin cumplir los procedimientos que establece la Constitución. «Para ellos no es una sorpresa», dijo el líder opositor Freddy Guevara sobre la reacción al arresto de Zerpa del resto de magistrados recién nombrados, que han sido tachados de «usurpadores» por parte de los jueces designados en 2015, cuya nominación fue contestada también por la fiscal general, Luisa Ortega, con un recurso que no prosperó.
En un pronunciamiento emitido justo después de que el Parlamento designara el viernes a los jueces paralelos, estos magistrados acusados de servir al Gobierno afirmaron que los recién nombrados estaban incurriendo en «delitos de traición a la patria» contemplados por la legislación militar. La designación de estos nuevos jueces –que según Guevara representan «el poder judicial legítimo de Venezuela»– es parte de las medidas impulsadas por la oposición para «restablecer el orden constitucional» en el país. En este sentido se enmarcan los planes de la oposición para designar en los próximos días también a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral paralelo al chavista.
En medio de esta deriva, varios dirigentes de la oposición y el oficialismo se han referido en los últimos días a la posibilidad de conversaciones que eviten llegar al 30 de julio en la actual situación de enfrentamiento, sin que nadie con poder de decisión en ninguno de los dos bandos se haya mostrado dispuesto a modificar su posición sobre la Constituyente.
En este sentido, Guevara, diputado opositor y vicepresidente del Parlamento, desmintió ayer a Nicolás Maduro y negó que exista una «regular conversación» entre los líderes de los partidos antichavistas y el Gobierno, como afirmó el sábado en un programa de televisión el actual jefe del Estado. «Eso no ha ocurrido hasta ahora en ningún momento», remachó el dirigente de Voluntad Popular, que sí reconoció los esfuerzos de mediadores internacionales para impulsar un nuevo diálogo.
Guevara explicó que lo que sí ha ocurrido, y fue mencionado por Maduro, «es que ha habido personas en la comunidad internacional que han venido a tratar de plantear una mediación», y remarcó que la coalición que representa siempre ha demandado «transparencia» ante estos procesos. «El pueblo de Venezuela tiene que realizar una huelga general, tiene que venirse a Caracas y prepararnos para un boicot cívico-electoral si esta dictadura no decide posponer, suspender, ese proyecto de aniquilación de la República que es el fraude constituyente», aseveró el dirigente parlamentario.
