16 de julio de 2024 – Los Ángeles – EFE.
Al menos 156.000 migrantes, cuyo delito más grave fue el uso o posesión de sustancias ilícitas, fueron expulsados entre 2002 y 2020, un delito que en “muchos casos” ya no se considera bajo las leyes de numerosos estados, según un estudio de Human Rights Watch y Drug Policy Alliance.
El informe de 91 páginas, titulado ‘Disrupt and Vilify’, reveló que de los 156.000 deportados, unos 47.000 inmigrantes fueron echados del país por uso o tenencia de cannabis, a pesar de que esta sustancia ha sido legalizada o despenalizada en la mayoría de los estados.
El estudio busca demostrar que la ausencia de una reforma en la legislación migratoria “ha resultado en enormes cantidades de expulsiones” y la separación de familias por incidentes que ya no se consideran delitos, como algunos tipos de uso de cannabis.
“La combinación única de la guerra contra las drogas y la maquinaria de deportación en EE.UU. trabajan juntas para atacar, excluir y castigar a los no ciudadanos por delitos menores (o en algunos estados por actividades legales), como la posesión de cannabis”, afirmó en un comunicado Maritza Pérez Medina, directora de asuntos federales en Drug Policy Alliance.
La directiva agregó que “es esencial” revisar la ley federal para alinearla con las reformas actuales de los estados en cuanto a políticas de drogas “para poner fin y prevenir el enorme sufrimiento humano que se inflige en nombre de la guerra contra las drogas”.
En general, medio millón de migrantes que fueron deportados con el delito más grave de tráfico de drogas fueron expulsados entre 2002 y 2020, según encontró el estudio; casi la mitad (240.000) fueron echadas entre 2013 y 2020, lo que representa aproximadamente una de cada cinco deportaciones de inmigrantes con una condena penal durante este período.
En este contexto, Vicki Gaubeca, directora asociada de inmigración y política fronteriza de Human Rights Watch en EE.UU, comentó que “si la conducta relacionada con las drogas no es un delito según la ley estatal, no debería hacer que alguien sea deportable”.
El informe se enfocó en las deportaciones desde estados con grandes poblaciones de inmigrantes que han avanzado en reformas de políticas de drogas, incluidos California, Illinois, Nueva York y Texas.
