21 de julio de 2017 – Londres – Agencias.
El Gobierno británico está dispuesto a ofrecer a los ciudadanos comunitarios libre circulación a través de las fronteras de Reino Unido durante los siguientes dos años tras el Brexit, según desveló en su edición de ayer el periódico «The Times». Philip Hammond, ministro de Economía y firme partidario de una salida blanda de la Unión Europea, habría logrado –según este diario– el difícil apoyo del resto de ministros conservadores y, pese a unas primeras reticencias, podrá sacar la propuesta adelante. El periódico «The Guardian» iba un poco más lejos y añadía que una fuente del gabinete le había revelado que la libre circulación de ciudadanos podría incluso extenderse hasta un periodo de cuatro años tras el Brexit.
Es la primera vez que el Gobierno británico muestra una imagen de unión y parece ponerse de acuerdo a la hora de hablar sobre políticas concretas que llevarán a cabo tras la ruptura con los 27. El gabinete sabe que la creciente incertidumbre generada por la situación política de su partido está minando su imagen y esta nueva medida podría poco a poco empezar a generar más confianza.
Pero aunque los ministros «tories» se hayan puesto de acuerdo, no todos los miembros del partido apoyan esta medida. Algunos miembros del Parlamento –los más euroescépticos– ya han levantado la voz contra esta política y han mostrado su disconformidad. El parlamentario Andrew Rosindell –el mismo que pidió que la visita oficial de los Reyes de España fuera cancelada debido a la situación con Gibraltar– aseguraba al rotativo «The Telegraph» que cuando «el pueblo británico votó por abandonar la Unión Europea, votó por poner fin a las fronteras abiertas y controlar quién entra en Reino Unido». Rosindell añadía que los británicos votaron por el Brexit y no quieren nada a «medias tintas». Su compañero Jacob Rees-Mogg, que también hizo campaña por la salida del país de la UE, aseguró ayer a la BBC que el periodo de transición que se está proponiendo se utilizará «como una máscara para anular los resultados del referéndum del año pasado».
Pese a las reticencias, parece que el proyecto saldrá adelante y por tanto se aplicaría un nuevo régimen de inmigración en el país una vez cumplidos los dos años de transición. El derecho de los comunitarios que viven en Reino Unido y el de los británicos que residen en los distintos países de la Unión Europea es uno de los puntos más difíciles y polémicos de negociar, y tanto Londres como Bruselas mantienen grandes discrepancias sobre las posibles soluciones. Hay que tener en cuenta que tanto la inmigración como el control de las fronteras fueron factores claves –y decisivos– para aquellos votantes que decidieron apoyar la salida de Londres de la Unión Europea.
A pesar de que los más euroescépticos no lo apoyen, la idea de un periodico de transición tras el Brexit por el que aboga el Gobierno británico está recibiendo cada vez más y más adeptos. May aseguró el jueves que la salida del bloque europeo debe hacerse de manera ordenada y en su discurso de enero ya mencionó que la salida tendría distintas fases que permitiría a las empresas adaptarse a los cambios. Ayer, Michael Forsyth, presidente del Comité de economía de la Cámara de los Lores, secundaba esta idea asegurando que «las empresas tardarán en adaptar sus modelos de negocio» y tendrán que empezar a gestionar como «ser menos dependientes de los trabajadores europeos» por tanto «un tiempo de implementación es esencial a la hora de garantizar una transición fluida».
