Un jurado pide la pena de muerte para un condenado en California por maltratar brutalmente al hijo de su novia durante meses hasta matarlo
14 de diciembre de 2017 – Los Ángeles – Agencias.
Cuando los médicos llegaron a casa de Gabriel Fernández en Palmdale, Los Ángeles, lo encontraron inconsciente, con el cráneo fracturado, varias costillas rotas, quemaduras en la piel, mordiscos y perdigones incrustados en la ingle. Tenía ocho años. Los médicos declararon muerte cerebral ese mismo día. Murió en el hospital dos días después, el 24 de mayo de 2013. Este miércoles, un jurado popular pidió la pena de muerte para el novio de la madre del niño, Isauro Aguirre, tras considerarle culpable de asesinato en primer grado con agravante de torturas.
El niño sufrió un infierno inimaginable durante los ocho meses que vivió con su madre y el novio de esta antes de morir a palos. Los detalles que han ido surgiendo en el juicio contra Aguirre por asesinato han acongojado a los propios miembros del tribunal, la fiscalía y los investigadores. Las televisiones locales que han cubierto el juicio advertían a los espectadores de que las imágenes mostradas en la sala eran irreproducibles.
Aguirre, de 37 años, mide casi 1,90, pesa más de 120 kilos y trabajaba como guardia de seguridad. Según el fiscal, disfrutaba pegando brutalmente al niño. Él mismo confesó que le pegaba decenas de veces, mucho más que a sus hermanos. La razón es que creía que era gay. Su defensa en ningún momento negó las acusaciones, tan solo argumentó que la muerte del niño fue accidental, un detalle técnico para intentar evitar la condena a muerte.
Con la complicidad de la madre, Aguirre obligaba al pequeño Gabriel a dormir dentro de una caja metido en un armario, atado, amordazado y con grilletes en los pies. Lo obligó a comer heces de gato y su propio vómito. El ayudante del fiscal del distrito, Jonathan Hatami, que lideró la acusación en el caso, hizo su alegato final con una foto del cuerpo del niño en la mesa del forense, cubierto de heridas de pies a cabeza.
Según Hatami, el acusado disfrutaba torturando al niño. En los meses que precedieron a su muerte “se le privó de comida, recibió puñetazos y patadas, fue insultado, golpeado, humillado, acosado, le llamaban gay. Le sacaron los dientes a golpes. Pasaba cada noche atado en una caja”.
El hermano mayor de Gabriel, Ezequiel, declaró ante el Gran Jurado que investigó el caso que su madre participaba de las palizas y pegaba al niño con la hebilla de un cinturón. A pesar de que había dos camas en la habitación, le obligaban a dormir en una caja. Cuando se hacía sus necesidades en la caja, le obligaban a limpiarlo. Si él intentaba ayudarle, le pegaban. “Teníamos gatos y una caja de arena y cuando le castigaban mi madre le decía que se comiera una mierda”, declaró Ezequiel, según el testimonio obtenido por NBC.
El caso provocó también un escándalo sobre el funcionamiento de los servicios sociales en el condado. Cuatro trabajadores sociales se enfrentan a un juicio por supuesta negligencia a la hora de detectar e intervenir en el caso. La situación del pequeño Gabriel era evidente para sus profesores y otros, y los servicios sociales no intervinieron. Están acusados de abusos y se enfrentan a 10 años de prisión. Se trata de una acusación sin precedentes. Además, dos agentes del sheriff han sido expedientados por no haber hecho nada tras visitar la casa en los meses previos a la muerte de Gabriel.
El pasado 15 de noviembre, el jurado emitió el veredicto de culpabilidad contra Aguirre. Según los medios presentes en la sala, no se inmutó al oír la condena. Este miércoles recomendó la pena de muerte tras la fase de sentencia del juicio. La sentencia definitiva debe ser dictada el próximo marzo. La madre de Gabriel, Pearl Fernández, será juzgada por asesinato en un juicio separado. La fiscalía también pide la pena de muerte para ella.
Hay más de 700 condenados a muerte esperando su ejecución en California. El Estado reinstauró la pena de muerte en 1974, pero en la práctica no la aplica desde hace una década. La ultima ejecución se realizó en 2006, y el proceso se paró por una denuncia contra el sistema de inyección letal. El año pasado, los votantes rechazaron por segunda vez en las urnas la abolición de la pena de muerte y en su lugar aprobaron una iniciativa para acelerar los recursos y las ejecuciones.
