9 de agosto de 2024 – San Antonio (EE.UU.) – EFE.
La reciente disposición contra inmigrantes del gobernador de Texas, Greg Abbott, que obliga a hospitales públicos a recolectar información sobre el estatus migratorio de los pacientes, ha suscitado inquietud entre defensores en el estado.
La medida, publicada el jueves en una orden ejecutiva, requiere que los centros médicos proporcionen informes para calcular los costos de atención a inmigrantes sin estatus legal en el país.
Los informes deben entregarse en marzo de 2025, con datos recopilados desde el 1 de noviembre de este año.
El documento no detalla cómo implementar esta directriz, por lo que tanto expertos legales como la principal asociación de hospitales aún están evaluando el impacto real en los servicios de salud.
“La estamos revisando lo más rápido posible”, indicó la Asociación de Hospitales de Texas, que representa al 85% de los centros de salud en el estado, en un comunicado a EFE.
“Actualmente”, añade el comunicado, “los hospitales no solicitan a los pacientes su estatus migratorio como condición para recibir tratamiento (…) la ley exige brindar atención a todos, sin importar su capacidad de pago o estatus migratorio”.
Los proveedores de salud no tienen una obligación legal de preguntar sobre el estatus migratorio o de reportarlo a las autoridades.
Además, se prohíbe a los servicios de emergencia con financiación federal rechazar a cualquier persona.
La orden ejecutiva, firmada por Abbott este jueves, incluye una sección que solicita a los hospitales informar a los pacientes que responder a las preguntas sobre su estatus migratorio “no afectará el cuidado” que recibirán.
Una “bomba política”
David Donnatti, abogado de la organización de derechos humanos ACLU, opina que la falta de claridad en el texto, junto con la mención explícita de no negar tratamiento por la situación migratoria, indica que se trata de una “bomba política” del gobernador para “provocar una reacción”.
“Es como un cóctel molotov (…) cuyo objetivo es causar mucho temor y provocar” que las ONG o el gobierno federal “respondan”, afirmó el experto, cuya organización ha liderado demandas contra otras medidas de Texas contra la comunidad migrante.
Según Donnatti, la orden ejecutiva “no tiene poder” para exigir que alguien revele su estatus. Sin embargo, genera “temor” en la población y la posibilidad de que “el acceso a la salud se reduzca”.
Kassandra Gonzáez, abogada de Texas Civil Rights Project, está de acuerdo: “el estado busca infundir miedo en la comunidad para limitar el acceso de los inmigrantes a los servicios de salud”.
Bajo el liderazgo del gobernador Abbott, un republicano radical, Texas ha encabezado una serie de políticas antiinmigrantes que se han extendido a otros estados.
En el marco de la campaña “operación estrella solitaria”, en alusión a la bandera del estado, Abbott ha promulgado leyes para penalizar la entrada irregular al país y ha invertido miles de millones en construir barreras físicas y mantener una presencia militar constante en la frontera.
