19 de octubre de 2017 – Jerusalén – Agencias.
Ocho países de la Unión Europea han acordado presentar una reclamación de compensación a Israel por la demolición y confiscación de bienes del consorcio de ayuda humanitaria a Cisjordania del que forman parte, según confirman fuentes diplomáticas europeas en Jerusalén. La petición conjunta, que no tiene precedentes, obedece a la destrucción y requisa, el pasado mes de agosto, de placas solares y pabellones prefabricados financiados por la cooperación europea. Estos materiales fueron destinados a varias escuelas para la población palestina beduina asentada en la llamada Área C de Cisjordania, que representa un 60% del territorio bajo ocupación militar y que es administrada por Israel en exclusiva.
España, Francia, Italia, Suecia, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Dinamarca requieren al Estado hebreo una compensación por un importe superior a los 30.000 euros si no devuelve las instalaciones y materiales incautados por las fuerzas de seguridad en las comunidades beduinas de Abu Nuwar, próximas a Jerusalén, y Jubet al Dhib, en las inmediaciones de Belén. Los ocho países consideran que Israel, como potencia ocupante, viola la legislación internacional al privar de ayuda humanitaria a la población palestina en Cisjordania. En ambos casos se trata de terrenos en los que está previsto erigir nuevos asentamientos en torno a la Ciudad Santa, unas colonias que comprometerían la continuidad territorial, por el este y el sur, de un futuro Estado palestino.
Como ha anticipado Le Monde, los daños y perjuicios sufridos a causa de la intervención israelí en ambas escuelas palestinas se elevan a 31.252 euros. Las obras fueron financiadas por el consorcio de cooperación que integran los ocho Estados miembros y construidas por varias ONG que cuentan con programas para prevenir el desplazamiento forzoso de clanes de ganaderos. En los alrededores de Jerusalén viven unos 2.000 beduinos en 46 campamentos estables, ninguno de los cuales cuenta con conexión a la red eléctrica.
“La práctica de medidas coercitivas, como las demoliciones y confiscaciones de bienes de la cooperación humanitaria —en particular, de infraestructuras escolares— y la obstrucción al envío de ayuda son contrarias a los compromisos [de Israel] con la ley internacional”, reza el texto de la misiva de los ocho Estados miembros de la Unión, citada por el periódico francés.
Israel rechaza ofrecer cualquier tipo de compensación, según informa el diarioHaaretz, ya que no considera este tipo de cooperación europea como ayuda humanitaria, sino como una actividad urbanística ilegal, al no contar con autorización de la administración civil israelí, dependiente de las Fuerzas Armadas en el Área C de Cisjordania. Al igual que en Jerusalén Este, los responsables urbanísticos no suelen conceder licencias de edificación a los palestinos en esa zona.
Los daños causados por las demoliciones israelíes en instalaciones costeadas por la UE en territorios palestinos en 2016 se elevaron a 557.000 euros. En 2017 han sido derribadas por carecer de permiso 344 edificaciones palestinas en Cisjordania, de las que una quinta parte habían contado con financiación europea. Holanda reclamó por su cuenta el pasado mes de junio la devolución de paneles solares confiscados en Cisjordania, con un coste evaluado en 500.000 euros. Israel accedió finalmente a devolver el material requisado.
Una de las principales inversiones europeas tras los Acuerdos de Oslo, de los que surgió la Autoridad Palestina hace 24 años, fue la construcción del aeropuerto de Gaza en 1998. Bruselas aportó la mitad de los 70 millones de euros que costaron unas instalaciones que fueron arrasadas tres años después, durante la Segunda Intifada, por las Fuerzas Armadas de Israel. España contribuyó con 20,5 millones a la participación europea en la terminal aérea palestina antes de que quedara reducida a escombros.
