31 de octubre de 2024 – San José – EFE.
La Iglesia Católica de Nicaragua atraviesa su periodo más crítico de represión bajo el Gobierno sandinista liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un informe de la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más, publicado recientemente.
El documento destaca que no hay precedentes en la historia del país en cuanto a la represión hacia la Iglesia Católica y otras comunidades religiosas, enfatizando que esta situación ha superado incluso los peores momentos de conflicto armado.
El informe señala que la represión actual es parte de una política estatal sin igual, donde el régimen ve a quienes critican sus acciones como enemigos, en un contexto que se presenta como una paz ilusoria.
El Colectivo denuncia que jamás se había registrado un número tan alto de sacerdotes encarcelados, ni un nivel de persecución tan intenso hacia religiosos, incluyendo castigos por actividades tan simples como hacer sonar las campanas.
De acuerdo con el informe, esta persecución se califica como crímenes de lesa humanidad, lo que requiere una exhaustiva documentación para posibles procesos de justicia en el futuro, ya sea a nivel nacional o internacional.
La ONG acusa al gobierno de Ortega de cometer al menos cuatro delitos de lesa humanidad, que incluyen la deportación forzada, encarcelamiento, tortura y persecución de grupos religiosos.
Se informa que, hasta la fecha, el régimen ha arrestado a 74 religiosos, la mayoría sacerdotes, y ha desterrado a 63 de ellos, despojando a al menos 35 de su nacionalidad nicaragüense.
El Colectivo sostiene que la intención del régimen es controlar todos los aspectos de la vida en Nicaragua, incluyendo la libertad de conciencia, y que las iglesias representan uno de los últimos espacios de resistencia.
Desde las protestas de 2018, la Iglesia ha sido blanco de ataques sistemáticos por parte del gobierno, lo que ha llevado al encarcelamiento de obispos y sacerdotes, así como a una represión sin precedentes en el contexto actual.
Además de las detenciones y el exilio, las autoridades han implementado medidas como la prohibición de procesiones y vigilancias dentro de las parroquias, evidenciando que esta es una persecución tanto política como religiosa, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y la Iglesia.
