23 de julio de 2024 – Miami – EFE.
Un peruano que, mediante un centro de llamadas en su país, extorsionó y participó en un fraude de 15 millones de dólares contra consumidores hispanos en Estados Unidos, a quienes se les amenazaba falsamente con arrestos, se declaró culpable este martes, informó la Fiscalía Federal del Sur de Florida.
José Alejandro Zúñiga Cano, de 40 años, admitió su participación en una “conspiración transnacional de fraude postal y electrónico” y fue extraditado desde Perú en marzo pasado para enfrentar los cargos.
Zúñiga es el duodécimo acusado en ser condenado por un “esquema de fraude transnacional de 15 millones de dólares” que engañó a consumidores hispanohablantes en Estados Unidos, alegando falsamente que enfrentaban consecuencias legales si no pagaban por material de aprendizaje del inglés que nunca solicitaron.
Los delincuentes estafaron a más de 30,000 residentes hispanohablantes en Estados Unidos, muchos de los cuales eran inmigrantes recientes interesados en aprender inglés, según un comunicado de la Fiscalía.
En total, ocho propietarios y operadores de centros de llamadas peruanos y cuatro responsables de centros de distribución que procesaban pagos y facilitaban el fraude en Estados Unidos participaron en este plan.
“El alcance del sistema de justicia estadounidense no tiene límites cuando se trata de alcanzar a los estafadores que se aprovechan de las poblaciones más vulnerables, incluidos los ancianos y los inmigrantes recientes”, declaró el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe.
Según documentos judiciales, Zúñiga poseía y operaba un centro de llamadas en Lima, Perú, que realizaba llamadas no solicitadas a consumidores hispanohablantes en Estados Unidos, afirmando falsamente que habían ganado o calificado para recibir productos gratuitos, como tabletas y cursos de inglés.
En llamadas posteriores, Zúñiga y sus cómplices decían a las víctimas que estaban obligadas a pagar grandes sumas para recibir los productos.
Zúñiga y sus colaboradores se hacían pasar por abogados, funcionarios judiciales, policías y representantes de un supuesto “tribunal de delitos menores” para intimidar a las víctimas y obligarlas a enviar pagos, amenazándolas con procesos judiciales, arresto y consecuencias migratorias si no pagaban.
Las víctimas que pagaron fueron posteriormente “revictimizadas” con un falso plan de restitución. Según documentos judiciales, los estafadores hicieron más llamadas a las víctimas que ya habían pagado, haciéndose pasar por abogados de un tribunal estadounidense.
Los impostores decían a las víctimas que tenían derecho a pagos de restitución y que recibirían su dinero si pagaban al abogado que supuestamente representaba su caso.
“En realidad, no había abogado, ni orden de restitución, ni fondos devueltos a las víctimas que realizaron esos pagos adicionales. En cambio, Zúñiga se quedó con esos pagos adicionales”.
