10 de diciembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.
Defensores de los cigarrillos electrónicos y vapeadores han expresado su preocupación, argumentando que las recientes modificaciones a la Ley General de Salud, aprobadas por la Cámara de Diputados, formalizan la transferencia de la distribución y venta de estos dispositivos al crimen organizado. Estiman que esta medida afectará un mercado de, al menos, cinco millones de unidades que se comercializan mensualmente en México. A pesar de que en la discusión inicial se había considerado una prohibición total, los consumidores y usuarios finales fueron excluidos de las restricciones, aunque la prohibición se mantiene para toda la cadena de suministro, distribución y comercialización.
La reforma legislativa está ahora en manos del Senado, donde se espera que su aprobación sea rápida dada la mayoría del partido oficialista. Juan José Cirión Lee, presidente del colectivo México y el Mundo Vapeando, manifestó su pesar ante la decisión de los legisladores de prohibir el vapeo a nivel nacional. El activista recalcó que esta decisión ignora la “amplia” evidencia científica que existe sobre el tema, señalando que en naciones como Reino Unido y Francia, estos productos han sido integrados en políticas públicas de salud como herramienta para reducir el tabaquismo, siendo considerados hasta un 95% menos perjudiciales que el tabaco tradicional.
Cirión Lee insistió en que la nueva legislación “formaliza la entrega del mercado del vapeo a bandas criminales”. Argumentó que estas bandas ya se han beneficiado de las políticas prohibicionistas que se iniciaron en 2020 con decretos presidenciales y que alcanzaron su máxima expresión con una reforma constitucional en diciembre de 2024. Su organización calcula que en México hay cerca de 2.8 millones de usuarios de vaporizadores. De ellos, aproximadamente 2.3 millones consumen dispositivos desechables, lo que implica una adquisición mensual de cerca de 5.2 millones de productos, los cuales ahora serían introducidos, distribuidos y vendidos de manera ilegal por el contrabando operado por estas bandas delictivas.
En consecuencia, el representante de los consumidores hizo un llamado urgente al Senado mexicano para que rechace la propuesta y, en su lugar, se concentre en establecer un marco regulatorio claro. Dicho marco debería definir normativas específicas para la importación, distribución y venta de vaporizadores. Su petición se fundamenta en la necesidad de legislar pensando en la salud pública y no siguiendo directrices políticas que, según su criterio, generarán consecuencias muy negativas para el país.
Entre las consecuencias negativas que anticipa se encuentran: el financiamiento de grupos criminales, el aumento del consumo entre menores de edad, una mayor evasión fiscal, el entorpecimiento de los esfuerzos contra el tabaquismo y posibles conflictos comerciales con Estados Unidos, entre otros problemas sociales. Este activista enfatizó que la regulación es la vía más responsable.
Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió enérgicamente la prohibición nacional de la venta, producción y distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos, argumentando que estos dispositivos “hacen mucho daño a la salud”. La mandataria celebró que la prohibición establecida en la Constitución ahora haya sido ratificada en la Ley General de Salud, gracias a una reforma legislativa que ella misma había propuesto ante la Cámara de Diputados. Sostuvo que existe una falsa creencia de que vapear es menos dañino que fumar cigarrillos, cuando en realidad los vapeadores contienen diversas sustancias y materiales que son altamente perjudiciales. Además, celebró que la nueva ley establezca sanciones, principalmente dirigidas a quienes vendan los vapeadores, con penas que incluyen multas significativas y hasta ocho años de prisión.
