29 de agosto de 2024 – Miami – EFE.
Seis grandes editoriales y el sindicato de autores de EE.UU. interpusieron este jueves una demanda contra una ley estatal de Florida que prohíbe libros en escuelas públicas, alegando que algunas de sus disposiciones son inconstitucionales y violan la libertad de expresión.
La controversial ley HB 1069, firmada en 2023 por el gobernador Ron DeSantis, permite a los padres cuestionar libros en las bibliotecas escolares que consideren pornográficos, sexuales o relacionados con la identidad de género.
Los demandantes afirman en la demanda presentada en una corte federal de Orlando, Florida, que debido a esta ley se han retirado de las bibliotecas escolares clásicos literarios como ‘Anna Karenina’ de León Tolstói y ‘Por quién doblan las campanas’ de Ernest Hemingway, entre otros.
“Florida ha exigido que estos y otros libros sean eliminados de las bibliotecas escolares bajo amplios mandatos generales y basados en el contenido, que prohíben evaluar el valor literario de los libros”, afirman las editoriales en la demanda, a la que tuvo acceso EFE.
Sostienen que los libros afectados son “clásicos atemporales, reconocidos por su valor literario”, además de ser premiados y éxitos de ventas, que han estado en las bibliotecas escolares durante años y “no son remotamente obscenos”.
Alegan que el lenguaje ambiguo y confuso de la ley ha llevado a las juntas escolares a apresurarse a retirar “cientos” de publicaciones de las estanterías de escuelas públicas en todo el estado.
La ley otorga cinco días para retirar los libros cuestionados, que serán revisados por los distritos escolares y, si consideran que no contienen material prohibido, pueden ser restaurados en la biblioteca.
Si contienen alguna referencia a “conducta sexual”, pueden permanecer en los estantes, pero etiquetados según el grado o edad correspondiente.
Los demandantes, que incluyen a Penguin Random House y HarperCollins Publishers, piden que se declare inconstitucionales y se anulen dos disposiciones de esta norma.
Otras editoriales implicadas son Hachette Book Group, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, y Sourcebooks, además del sindicato de autores y escritores como Julia Álvarez, John Green y Laurie Halse Anderson, entre otros.
Desde su promulgación, DeSantis ha defendido la ley argumentando que otorga a los padres el derecho a objetar publicaciones que consideren pornográficas o con contenido sexual explícito.
La norma es similar a otras en estados conservadores, que en los últimos años han impuesto restricciones a las bibliotecas escolares.
Según la organización PEN America, bajo el gobierno de DeSantis, “Florida ha prohibido más libros que cualquier otro estado” desde que en 2021 “comenzó esta ola de censura sin precedentes”.
