El Papa abre un proceso penal en el Vaticano contra los maristas chilenos, que desembolsaron partidas millonarias para silenciar a sus víctimas
15 de enero de 2019 – Santiago de Chile – Agencias.
La Fiscalía chilena tiene a siete españoles imputados por abusos y violación a menores en la mayor causa de pederastia que se investiga dentro de la Iglesia chilena —la de los hermanos maristas—, un proceso que está en el centro de las preocupaciones del Vaticano. El papa Francisco ha ordenado abrir una “causa penal” ante la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano por inacción de la orden, que no ha impuesto ninguna sanción desde que concluyó la primera parte de sus indagaciones sobre las décadas de pederastia en su seno.
Los fiscales han determinado que los delitos de los maristas en Chile se prolongaron al menos durante 50 años, entre 1967 y 2016, en diferentes establecimientos educacionales. En un país donde actualmente existen 148 investigaciones vigentes por delitos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia católica, con 202 personas investigadas y 255 víctimas, la de los maristas es la de mayor amplitud: 25 imputados por abusos y violación —entre ellos los siete españoles— y al menos una treintena de víctimas, casi todos varones que cursaban sus primeros años de colegio.
El ministerio público tiene conocimiento al menos de dos pagos que los maristas realizaron a cambio de silencio. En 2015, un cheque por el equivalente a unos 65.000 euros. En 2017, 100.000 euros.
“Fuimos escogidos, marcados, atacados y luego, esclavizados en el secreto y silencio”, relata el médico Jaime Concha, de 56 años, que sufrió ataques sexuales reiterados desde que en 1973, a los 10 años, ingresó para cursar el quinto curso de educación básica en el instituto Alonso de Ercilla de la capital chilena, de donde egresó en 1980. El primero que abusó de él fue el hermano español José Monasterio, que en la época tenía casi 70 años. Experto en caligrafía, se abalanzó sobre el niño en una sala privada, donde supuestamente le enseñaría a dibujar letras góticas. Un segundo abusador de Concha fue otro hermano español, Abel Pérez, actualmente de 71 años, que lo violentó sexualmente durante años en la capilla, en una oficina, en el sótano del gimnasio, en su habitación. Cuando Concha tenía 12 años, incluso, se aprovechó de que estaba enfermo y afiebrado en un campamento de boys scout para abusar de él en su tienda de campaña.
“Es una organización criminal lo que hemos denunciado”, señala el médico, en su piso de la ciudad de Viña del Mar. Según Concha, era imposible que nadie se diera cuenta de lo que vivieron durante décadas muchos estudiantes. “Uno de mis abusadores me llevaba a su habitación, en el mismo colegio. Varias veces escuché que otros hermanos le decían: ‘¿Para qué lo trajiste? Sabes que no puedes traerlo a esta hora’. Eran como perros peleando por su presa”.
La Congregación de los Hermanos Maristas conocía hace años de los abusos cometidos contra niños y adolescentes chilenos en cinco de sus colegios ubicados en tres regiones del país, según sospechan los fiscales que lideran la causa, Raúl Guzmán y Guillermo Adasme. Investigan traslados y remociones a los religiosos en diferentes épocas supervisadas por las altas autoridades de la institución, tanto dentro como fuera de Chile, y el pago de dinero a cambio de silencio. Poco antes de morir de cáncer en abril pasado, el marista español Mariano Varona, de 74 años, uno de los líderes de la congregación en Chile, reconoció ante los fiscales los dos pagos a víctimas diferentes. En ambas ocasiones, fueron abonados con documentos formales de la congregación —cheques respaldados con escrituras públicas y privadas—, con el objetivo de evitar posibles denuncias contra Pérez y otro religioso español, Jesús Castañeda de la Viuda, respectivamente. Fue recién en septiembre de 2017, ante la inminente visita del papa Francisco a Chile en enero de 2018 —que se alojaría a metros de la residencia de los maristas en Santiago de Chile, en el municipio de Providencia—, que la congregación denunció a Pérez. Pero fue una denuncia ambigua ante la Fiscalía, sin mayores detalles.
Pérez abusó de Gonzalo Dezerega, gerente de ventas, de 53 años, cuando tenía 10 y cursaba quinto de básica en el Instituto Alonso de Ercilla, en 1975. Aprovechando que el niño estaba llorando en el patio, porque no había podido ingresar a los boys scout, lo llevó a una capilla y lo tocó por primera vez. A los pocos días, lo invitó a visitar a solas las dependencias de los boys scout del colegio. Fue una escena de mayor violencia. “Me preguntó: ‘¿Te has masturbado alguna vez?’ Tenía 10 años y no sabía lo que era la masturbación. Apenas sabía que el pene era para hacer pis. Se abalanza, me empieza a tocar, llevando mis manos hacia sus genitales. Intento arrancar, pero la puerta estaba cerrada con llave. Cuando me doy la vuelta, Pérez estaba de rodillas, rezando. Se pone de pie, me mira y me dice: ‘Mira lo que me hiciste hacer. Hablé con Dios y Dios te perdona. Lo que me hiciste hacer es un pecado’. Abrió la puerta y me ordenó que no se lo contara a nadie”, relata Dezerega. A los pocos días se produjo la violación en los camarines, recuerda la víctima. “Con mi pantalón corto blanco de gimnasia en el suelo, lloraba mientras él nuevamente me decía: ‘Mira lo que me hiciste hacer”.
En septiembre pasado, el sacerdote salesiano David Albornoz terminó una extensa investigación eclesiática, de 489 páginas, con decenas de testimonios de las víctimas de los maristas en Chile y las versiones de los acusados. Desde que finalizó la primera etapa de esta investigación previa, sin embargo, no se han aplicado sanciones, lo que motivó que el propio papa Francisco decidiera la semana pasada enviar una fuerte señal desde Roma y promover un “proceso penal” contra los maristas en Chile ante la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Es una de las tantas acciones que ha dado el Papa en una histórica limpieza de la Iglesia chilena. Luego de su viaje al país en enero de 2018, los obispos tuvieron que renunciar en masa y, desde entonces, el Papa ha cursado siete renuncias de la jerarquía. Ordenó la visita de dos religiosos para investigar los casos de abusos sexuales: el obispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español, Jordi Bertomeu. Tras maratónicas jornadas escuchando decenas de testimonios, elaboraron un documento de 2.300 páginas —conocido como informe Scicluna—, que terminó por convencerlo de la gravedad del caso chileno y de la necesidad de que sus enviados viajaran por segunda vez. Pero el Papa no le suelta la mano a Chile: este lunes se reunió durante una hora en el Vaticano con una delegación de la Conferencia Episcopal para abordar, justamente, las medidas que se han tomado ante la avalancha de denuncias.
De los siete españoles imputados en la causa de los maristas por violación y abusos a menores, Pérez es el único que ha sido expulsado de la congregación: en junio pasado debió abandonar la residencia de los religiosos en Providencia, donde permanece el resto de los hermanos denunciados. Nacido en 1947 en Villabellaco de Santullán, Palencia, 16 de sus víctimas han relatado los abusos ante la Fiscalía, que cometió el menos entre 1970 y 2008 en el Instituto Alonso de Ercilla de Santiago y en el Colegio Marista Marcelino Champagnat de La Pintana, un municipio humilde del sur de la capital chilena. Es uno de los que mayor cantidad de víctimas tiene entre las 202 personas investigadas por la Fiscalía chilena, pero la cifra puede engrosarse. En su testimonio recogido en el informe del sacerdote Albornoz, reconoció: “Respecto a niños y adolescentes que yo haya tocado, pueden ser 20 o 30 entre todos los colegios donde estuve”.
Los otros seis españoles imputados por abusos y violación en la causa contra los maristas en Chile son acusados por exalumnos del Instituto Alonso de Ercilla, uno de los establecimientos de mayor tradición de la capital chilena. A Jesús María Castañeda de la Viuda, de 64 años, lo acusa una víctima por delitos que se habrían cometido en 2004. A Adolfo Fuentes Corral, de 75 años, lo acusan dos personas por delitos cometidos en una fecha que el Ministerio Público no ha podido precisar. A Jesús Trigero Juanes, de 73 años, se le investiga por un abuso que se habría cometido en 2016, en un caso que, por lo reciente, tiene especial relevancia para los investigadores. Clemente Cerezo Madrigal, de 70 años, está entre los imputados por abusos cometidos entre 1974 y 1976, según la denuncia de una víctima. A Germán Chaves Alonso, de 77 años, lo acusa una persona por hechos que se habrían producido en 1978. La Fiscalía investiga, adicionalmente, la denuncia contra el marista español Monasterio, fallecido en 1987 a los 76 años. Lo acusan por hechos que se habrían cometido en el mismo Instituto Alonso de Ercilla entre 1974 y 1975 y, luego, entre 1976 y 1978.
La Fiscalía ha realizado múltiples allanamientos de dependencias de la congregación y se prepara para cerrar la etapa de investigación, porque aunque haya hechos antiguos, los investigadores chilenos buscan romper las prescripciones al determinar que los delitos se siguieron cometiendo a lo largo de los años por los mismos abusadores. “Se optó por investigar absolutamente todo, atendiendo al mandato del Estado chileno de escuchar y atender a las víctimas”, explica el fiscal Adasme. “Dentro del primer trimestre de 2019 tomaremos decisiones procesales respecto de ciertos hechos y ciertos imputados”, adelanta Guzmán, fiscal jefe de la zona sur de Santiago.
