26 de enero de 2026 – Ciudad de México – EFE.
El Tribunal Supremo de México ratificó la decisión de reintegrar los automóviles de alta gama que habían sido comprados recientemente para sus integrantes. Esta determinación surge tras la fuerte controversia pública generada por el elevado precio de las unidades y busca alinearse con una gestión basada en el uso responsable de los recursos financieros. El presidente del organismo enfatizó que esta medida no es solo un gesto hacia la ciudadanía, sino una estrategia para administrar de forma equilibrada sin afectar las responsabilidades fundamentales de la institución.
Las autoridades judiciales aclararon que los vehículos en cuestión podrían ser entregados a otros jueces que, debido a la naturaleza de su trabajo en zonas conflictivas, enfrentan amenazas reales a su integridad física. Se determinó que los magistrados de la corte principal no requieren de tales medidas de protección especiales, por lo que prescindir de estos bienes no pone en riesgo su labor diaria. El objetivo es priorizar la seguridad de quienes realmente se encuentran en peligro sin incurrir en gastos innecesarios.
La postura oficial subraya que el resguardo de los servidores públicos no debe estar asociado con la ostentación o el exceso. Se busca que los funcionarios trabajen con las herramientas esenciales para cumplir sus deberes constitucionales, evitando cualquier percepción de privilegio ante la sociedad. Durante el anuncio de estas directrices, se notó la ausencia de tres magistradas que han formado parte del tribunal desde el periodo anterior, lo que resalta el cambio de rumbo en la nueva administración del órgano judicial.
La polémica se intensificó cuando se dio a conocer que las camionetas adquiridas para los nuevos integrantes elegidos por voto popular tenían un costo cercano a los cien mil dólares por unidad, a pesar de no contar con blindaje. Antes de esta compra, se intentó utilizar vehículos de modelos previos para evitar el uso de unidades más lujosas heredadas de gestiones pasadas. Sin embargo, el pleno decidió finalmente que lo más congruente con sus valores era no conservar estos nuevos vehículos de gran valor comercial.
Se explicó que la flota de autos utilizada anteriormente presentaba un desgaste significativo, con fallas mecánicas en los motores y sistemas de tracción que dificultaban su operación segura. Esta situación fue la que inicialmente impulsó un plan de renovación vehicular que incluía la baja de unidades obsoletas y la incorporación de nuevos transportes. Ante el rechazo social, el plan ha sido modificado para garantizar que la renovación no se traduzca en una imagen de derroche institucional frente a las necesidades del país.
Finalmente, los encargados de la administración judicial proyectan que este ajuste presupuestario y la cancelación de gastos superfluos permitirán un ahorro de mil millones de pesos en el transcurso de los próximos dos años. Este monto equivale a más de cincuenta millones de dólares que podrán ser optimizados dentro del sistema de justicia. Con estas acciones, la corte busca fortalecer su legitimidad y demostrar un compromiso genuino con la eficiencia operativa y la transparencia en el manejo del dinero público.
