8 de agosto de 2024 – San Antonio (EE.UU.) – EFE.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó este jueves a los hospitales públicos del estado recolectar datos sobre el costo de los cuidados a migrantes sin estatus legal en el país.
En una directiva ejecutiva firmada hoy, el conservador Abbott demandó a los centros de salud que generen informes con la información recabada y los presenten en marzo del próximo año.
Se requiere que recojan datos sobre “el número de pacientes sin estatus migratorio hospitalizados y atendidos en emergencias” así como “el costo de los servicios proporcionados”.
El propósito de esta medida, destacó el gobernador en un comunicado, es buscar un “reembolso” del Gobierno de Joe Biden por los gastos incurridos en “apoyar el cuidado médico” de migrantes indocumentados.
“Haremos que el Gobierno Biden-Harris asuma las consecuencias de sus políticas de fronteras abiertas”, afirmó Abbott.
Aún no está claro cómo se llevará a cabo esta directiva, ya que, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, los profesionales de la salud no deben indagar sobre el estatus migratorio de sus pacientes.
La orden ejecutiva incluye una sección que solicita a los hospitales informar a los pacientes que responder preguntas sobre su estatus migratorio “no afectará el cuidado” que reciban.
En los últimos años, Abbott ha encabezado una campaña mediática y política contra el Gobierno Biden, al que acusa de generar una “crisis” en la frontera sur.
Entre las acciones que el republicano ha tomado están la instalación de decenas de kilómetros de concertina en la frontera y el aumento de la presencia militar con efectivos de la Guardia Nacional.
Por su parte, la Casa Blanca ha implementado diversas normas restrictivas para controlar la migración, siendo la más reciente la prohibición de que la mayoría de las personas que crucen irregularmente hacia EE.UU. soliciten asilo.
Como resultado, las detenciones en la frontera con México han disminuido considerablemente, alcanzando en julio el número más bajo en más de tres años, según filtraciones a medios estadounidenses.
