Tan sólo unas horas después, la ciudad de San Francisco anuncia que ha recurrido la nueva norma. Podrían perder casi mil millones de dólares en fondos federales para atención sanitaria.
3 de mayo de 2019 – Agencias.
Estados Unidos da marcha atrás y vuelve a permitir la objeción de conciencia al personal sanitario que no quiera participar en la práctica de abortos, esterilizaciones o suicidios asistidos. Se cumple así una de las promesas de Donald Trump, después de que Obama retirase esta protección a médicos y trabajadores de hospitales que George Bush implantó en su día. El anuncio partió del Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS). Se trata de una norma que, como recogió ayer Efe, permite al personal médico optar por no participar en la realización de abortos, esterilizaciones o suicidios asistidos por objeción de conciencia.
La norma, descrita a lo largo de 440 páginas, entrará en vigor en 60 días, por lo que a partir de entonces el personal sanitario podrá alegar objeción moral para negarse a llevar a cabo una de estas prácticas. La medida «refuerza» más de 25 leyes aprobadas en el Legislativo y «cumple con una promesa del presidente, Donald Trump, de promover y proteger los derechos a la libertad religiosa y de conciencia», plasmada en una orden ejecutiva que firmó en mayo de 2017, detalló el HHS.
El Departamento de Salud «protege» así a los individuos de «proveer, participar o pagar» servicios como los abortos –que están autorizados en todo el país–, las esterilizaciones o suicidios asistidos, que son legales en algunos estados.
«Esta norma garantiza que entidades y profesionales de la salud no sean acosados fuera del campo de la atención médica porque se niegan a participar en acciones que violan su conciencia, incluido terminar con vidas humanas», afirmó en un comunicado el director de la Oficina de Derechos Civiles del HHS, Roger Severino.
Además, con este iniciativa, existe la opción de sancionar a aquellas empresas que no permitieran a sus empleados negarse a llevar a cabo dichas prácticas por objeciones religiosas o morales. De hecho, según la prensa del país, la nueva regulación exigirá que todas aquellas instituciones que reciben dinero de los programas federales certifiquen que cumplen con las 25 leyes que protegen la conciencia. De no ser así, podrían perder los fondos.
La noticia ha traído cola. Tan sólo unas horas después del anuncio, el abogado de la ciudad San Francisco, Dennis Herrera, presentó una demanda contra la nueva regulación de la Administración de Trump, según publica «Life News», y eso que San Francisco podría perder casi mil millones de dólares en fondos federales para los programas de atención médica como Medicaid y Medicare.
Y no sería la primera vez, porque Trump ha retirado la financiación pública a las clínicas de planificación familiar que ofrecen abortos, aunque esta práctica sea legal desde que en 1973 el Tribunal Supremo declarase inconstitucional cualquier interferencia del Estado en la decisión de la mujer sobre el embarazo.
Pese a que la nueva norma puede llegar incluso a poner en riesgo a los pacientes, según qué caso, también lo es que el objetivo es no forzar a los sanitarios a llevar a cabo unas prácticas que no quieren realizar por sus convicciones. «En Holanda, por ejemplo, donde la eutanasia está legalizada, la objeción de conciencia está reconocida absolutamente», asevera Antonio Pardo, profesor de la Unidad de Humanidades y Ética Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Y no hay que olvidar que Holanda fue el primer país europeo en legalizar la eutanasia: en abril de 2002, aunque esta práctica venía siendo aceptada desde 1993.
Suecia, «rara avis» en la UE
En España, la proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia que presentó hace un año el Grupo Parlamentario Socialista recogía, de hecho, la posibilidad de objeción de conciencia del personal sanitario. Así, en el artículo 12 se precisa que «las y los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la prestación por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en su realización, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito» con el fin de que las administraciones sanitarias autonómicas creasen un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia.
Ahora bien, aquellos que se negasen sin que esta opción fuese por ejercer su derecho a la objeción de conciencia, «la persona solicitante o, en su caso, sus familiares o allegados, en el plazo máximo de cinco días hábiles, podrán presentar una reclamación ante la Comisión de Control y Evaluación».
«La propia Constitución Española recoge la objeción de conciencia. Eso no significa que una persona diga que es objetor y se tenga que hacer de forma inmediata, sino que estos asuntos pasan por los tribunales y, en la actualidad, la objeción del personal sanitario a realizar abortos está muy aceptada, ya con sentencias claras», afirma Pardo.
Al igual que en prácticamente toda Europa (en al menos 20 países). En Italia, por ejemplo, donde la ley de interrupción voluntaria del embarazo se aprobó a finales de los años 70, siete de cada diez ginecólogos se niegan a practicar abortos, según las últimas noticias al respecto.
En definitiva, pese a que este derecho puede conllevar un riesgo para el paciente o derivar la carga a otros profesionales, se trata también de evitar que pasen casos como el Ellinor Grimmark en Suecia, despedida hasta en tres ocasiones por negarse a practicar abortos.
