Los demócratas votan a favor del desacato del fiscal general por negarse a facilitarles la versión sin censurar del documento
8 de mayo de 2019 – Washington – Agencias.
Los acontecimientos se han ido solapando este miércoles mientras se recrudecía la batalla entre los demócratas del Congreso y el presidente Donald Trump. Justo cuando el Comité Judicial de la Cámara de Representantes (de mayoría demócrata) ultimaba presentar para votación una acusación por desacato contra el fiscal general, William Barr, la Casa Blanca ha hecho uso de su “privilegio ejecutivo” para blindar el informe Mueller y no entregarlo íntegro al Congreso. Trump veta con esta maniobra el acceso al documento sin censura que elaboró el fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
No hubo sorpresas, y poco después de las cuatro y media de esta tarde del miércoles, el comité judicial declraba en desacato al fiscal general, lo que eleva la tensión en la pelea creada por la divulgación parcial del informe Mueller. “Hemos decidido acusarle de desacato por oponerse a una petición válida emitida por este comité. No es un paso que tomamos a la ligera, sino que es la combinación de tres meses de solicitudes y negociaciones con el Departamento de Justicia”, dijo el presidente de ese comité, el demócrata Jerry Nadler. Nadler tuvo duras palabras para calificar la situación y habló de “crisis constitucional”.
Cual será el acstigo que se le imponga a Burr está por determinar. La resolución, aprobada con 24 votos a favor y 16 en contra, pasará ahora a ser evaluada por el conjunto de la Cámara de Representantes (de mayoría demócrata) y que decidirá si solicitar o no que se abra un proceso judicial contra Barr a nivel federal, según informa la agencia EFE.
Ambas partes han considerado que no les quedaba “otra opción” para actuar como lo han hecho. La bancada demócrata en la Cámara Baja considera que la información que solicita está “dentro de los derechos legales y es lo que el Congreso ha venido haciendo desde hace cerca de un siglo”, alegó el presidente del Comité de Justicia, Jerry Nadler, quien ha insistido en el derecho del Congreso a supervisar en términos de igualdad a la Casa Blanca, ya que, “de lo contrario, [Estados Unidos] sería una monarquía”.
A su vez, la Casa Blanca dice haberse visto forzada a invocar el “privilegio ejecutivo” que le permite retener información, ya que considera las demandas demócratas “ilegales e imprudentes”. “Los estadounidenses ven claramente que las maniobras desesperadas de Nadler apuntan a oscurecer “los éxitos históricos del presidente”, dijo la portavoz Sarah Sanders. “Ni la Casa Blanca ni el fiscal general [William] Barr cumplirán con esas demandas”, añadió. La jefa de prensa acusó a la oposición demócrata de llevar al extremo su batalla política contra Trump. “No les ha gustado los resultados del informe [de Mueller], y ahora quieren redactarlo” a su gusto, declaró la portavoz de la Casa Blanca.
La tercera persona en la línea de sucesión en el poder de EE UU, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha respaldado la iniciativa por desacato contra Barr y ha denunciado que “no hay un día” en que la Administración no obstruya las investigaciones del Congreso en torno a la presunta injerencia electoral rusa. En un informe de desacato de 27 páginas, Nadler dijo que Pelosi está facultada para tomar “las medidas apropiadas para hacer cumplir la citación” impuesta a Barr. El Congreso “es la única institución capaz de determinar la responsabilidad del presidente”, justificaron los demócratas en la resolución que recomienda la apertura del procedimiento contra el fiscal general.
Nada más conocerse la artimaña presidencial de invocar el privilegio ejecutivo, Nadler denunciaba la iniciativa “sin precedentes” de la Casa Blanca. “Nadie, ni el fiscal general, ni el presidente, pueden estar por encima de la ley”, dijo. El presidente del comité de Justicia presentó el pasado 19 de abril un requerimiento formal para forzar al fiscal general a entregar el texto íntegro, pero el plazo espiró el lunes sin que se hubiera hecho efectiva ninguna entrega. Ante tal táctica, el Departamento de Justicia ya había advertido que solicitaría al presidente Trump que invocara su privilegio ejecutivo para bloquear por completo cualquier futura petición del informe.
El Departamento de Justicia divulgó en abril las 448 páginas del informe elaborado por Mueller, pero lo hizo con cientos de correcciones y siete páginas completamente censuradas con tachones. Ante las quejas de los demócratas por este informe taimado, el Partido Republicano únicamente concedió que un reducido grupo de personas tuvieran la opción de examinar una versión menos censurada.
El privilegio ejecutivo es un principio legal que permite al presidente negarse a entregar información solicitada por citaciones del Congreso o por la Ley de Libertad de Información (conocida por sus siglas en inglés como FOIA). Esta doctrina, por lo general, se utiliza para mantener en el ámbito de lo privado conversaciones mantenidas por el presidente con sus consejeros. La idea que subyace detrás es que la Casa Blanca puede operar de manera más efectiva si el mandatario y su círculo más estrecho pueden comunicarse de forma natural y espontánea sin tener que preocuparse por el escrutinio público.
Tanto el presidente George W. Bush como Bill Clinton y Barack Obama invocaron en su momento el privilegio ejecutivo como respuesta a investigaciones del Capitolio. Aunque según cita la agencia Reuters, los últimos presidentes han dudado mucho a la hora de ejercer tal prerrogativa debido en gran parte al uso que hizo de ella Richard Nixon en 1974 durante el escándalo del Watergate.
