12 de agosto de 2024 – Miami – EFE.
El expresidente de EE.UU. Donald Trump demandó al Departamento de Justicia por 100 millones de dólares, alegando que la redada y el registro efectuados en 2022 en su residencia de Mar-a-Lago para confiscar documentos clasificados que llevó de la Casa Blanca fueron inconstitucionales y buscaron perjudicar su reputación.
La demanda del también candidato republicano a la presidencia, presentada bajo la Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA, en inglés), sostiene que la redada demuestra una “intencionalidad clara de persecución política” contra el expresidente (2017-2021), quien fue investigado y acusado de retención ilegal de documentos confidenciales.
No obstante, el caso fue desestimado el 15 de julio por la jueza de Florida Ailenn Cannon, nominada por Trump, y actualmente está en proceso de apelación.
La jueza argumentó que el fiscal especial Jack Smith, a cargo de la investigación, no fue designado de manera legal, violando así la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de EE.UU.
La demanda de Trump contra el Departamento de Justicia, presentada la semana pasada según medios, califica el registro como una “conducta tortuosa de EE.UU. contra el presidente Trump”.
La querella se enfoca en el registro del FBI en Mar-a-Lago en agosto de 2022, en medio de la investigación federal sobre la retención indebida de documentos confidenciales por parte del expresidente.
Después del registro, se nombró a Smith como fiscal especial, quien posteriormente presentó 37 cargos criminales contra Trump relacionados con su manejo de materiales clasificados tras dejar la Casa Blanca.
Entre los cargos se encuentran la retención deliberada de información de defensa nacional y conspiración para obstruir la justicia y declaraciones falsas, cargos de los que Trump se declaró “no culpable”.
El Departamento de Justicia tiene 180 días para responder a la notificación y llegar a una resolución.
“Lo que el presidente Trump está haciendo no es solo defenderse a sí mismo, sino también a todos los estadounidenses que creen en el Estado de Derecho y que el Gobierno debe rendir cuentas cuando nos perjudica”, dijo Epstein al canal Fox.
La demanda contra el Departamento de Justicia afirma que “los actos ilícitos contra el presidente (Trump) se originan en el procesamiento malicioso y abuso del proceso derivado de la redada del 8 de agosto de 2022 en su casa y la de su familia en Mar-a-Lago”.
Argumenta que las decisiones tomadas por el Departamento de Justicia y el FBI en relación con el registro fueron “incompatibles con los protocolos que requieren el consentimiento del objetivo de investigación, la divulgación a sus abogados y el uso de la Fiscalía Federal local”.
Y sostiene que las decisiones del fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, y del director del FBI, Christopher Wray, no se basaron en “políticas sociales, económicas y políticas”, sino en un “evidente incumplimiento de los principios constitucionales”.
