Los solicitantes de asilo por violencia doméstica o de bandas apuran su última oportunidad
10 de agosto de 2018 – Washington – Agencias.
El gozo del presidente Donald Trump en materia de inmigración, en un pozo de nuevo por decisión judicial. Esta vez ha sido un juez federal de Estados Unidos quien ha bloqueado temporalmente la medida impulsada por su Gobierno para deportar a solicitantes de asilo que son víctimas de violencia de género o de pandillas en sus países de origen. De hecho, una de estas víctimas y su hija se encontraban ya de vuelta en el avión con destino a El Salvador cuando el magistrado, Emmet Sullivan, canceló su deportación y ordenó su regreso a Estados Unidos. Madre e hija habían estado en el Centro de Detención Dilley en Texas. El día anterior a su expulsión, el Gobierno le dio su palabra a Sullivan de que ninguno de los demandantes sería deportado hasta que el magistrado tomara una decisión. Pero finalmente la Administración, una vez más, no cumplió con su palabra y la reacción del juez no se hizo esperar. «Esto es algo muy indignante, que alguien que ha alegado un miedo creíble y busque justicia, haya sido sacada así sigilosamente mientras sus abogados piden justicia para ella», declaró visiblemente afectado Sullivan.
La deportación de otras personas que huyen de la violencia doméstica y de las pandillas en sus países de origen, y que figura en una demanda colectiva contra el Gobierno, también ha sido bloqueada por ahora. Sullivan aceptó la demanda presentada el pasado 7 de agosto por la Unión de Libertades Civiles de EE UU (ACLU, por sus siglas en inglés) para impugnar la decisión del Gobierno Trump. «En su prisa por deportar a tantos inmigrantes como sea posible, la Administración está poniendo a estas mujeres y niños en grave peligro de ser violados, golpeados o asesinados», aseguró la abogada de ACLU, Jennifer Newell.
Y es que el pasado 11 de junio, en un documento publicado por el Departamento de Justicia, el fiscal general Jeff Sessions precisó que las víctimas de violencia doméstica o de pandillas «no serán elegibles para el asilo» y ordenó su deportación. «No estoy nada contento con esto», añadió el juez Sullivan, quien incluso amenazó con acusar a Sessions de «desacato» por pasar por alto el tiempo de espera de su decisión judicial sobre el caso. Sullivan ha ordenado suspender la deportación de los demandantes mientras estudia los detalles en los próximos días. «Estamos encantados de que se haya suspendido la retirada, pero nos enfermó que el Gobierno deportara a dos de nuestros clientes», dijo Newell. «Es inaceptable».
A este nuevo frente abierto se suman otras posibles medidas antiinmigración que anuncian la llegada de futuras polémicas. La cadena NBC ha filtrado la existencia de un proyecto de ley sobre inmigración que dificultaría la obtención de la ciudadanía a inmigrantes legales que se hayan beneficiado de algún tipo de ayuda social, incluyendo cupones de alimentos, el controvertido sistema sanitario «Obamacare» o el Programa de Salud para Niños. Esta medida no busca, por tanto, evitar la llegada de ilegales al país, tal y como defiende la Casa Blanca, pues su entrada en vigor penalizaría a personas que ya viven en Estados Unidos de manera legal. Si finalmente saliera adelante este proyecto, los expertos aseguran que los futuros beneficiarios de las ayudas se podrán ver obligados a elegir entre obtener el permiso de residencia o garantizar una atención médica a sus hijos, muchos de ellos nacidos en Estados Unidos.
Además, éstos no son los únicos procesos legales que podrían verse afectados por las decisiones de la Casa Blanca en materia de inmigración. Trump anunció a finales del año pasado su intención de terminar con el popular Programa de Visas de Diversidad, un sistema de visas que funciona por lotería y del que se benefician cada año más de 50.000 personas. «Estamos luchando duro por la inmigración basada en méritos, no más sistema de lotería demócrata. Debemos ser MUCHO MÁS DUROS (y más inteligentes)», denunció en Twitter.
Lo cierto es que el presidente y sus aliados en el Congreso han luchado por recortar las opciones de lograr visas y permisos de residencia, así como la ciudadanía. Y lo han hecho de manera drástica, limitando l patrocinio para que únicamente se aplique a los cónyuges e hijos menores de 18 años. Se calcula que esta medida podría reducir la inmigración general en EE UU entre un 40 y un 50 por ciento.
