El Gobierno de Nicolás Maduro la acusa de estar involucrada en hechos violentos durante las protestas del año pasado
16 de marzo de 2018 – Caracas – Agencias.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha redoblado su persecución contra la disidencia chavista. El vicepresidente, Tareck El Aissami, pidió ayer al Ministerio Público que ordene la captura internacional de Luisa Ortega Díaz, la fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, que ha asumido las funciones del Parlamento democrático, por estar posiblemente involucrada en hechos violentos ocurridos en las protestas antigubernamentales de 2017.
La solicitud de arresto ha coincidido con la ampliación de la denuncia de Ortega Díaz, exiliada en Colombia, introducida ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Maduro y militares en altos cargos por presuntamente cometer crímenes de lesa humanidad. “En Venezuela se continúan violando los derechos humanos. Hay un hecho que marca la continuidad como lo ocurrido el 15 de enero cuando asesinaron a siete venezolanos, entre ellos Oscar Pérez”, declaró la exfiscal a la agencia Efe, ayer en La Haya.
Tras una asombrosa fuga en lancha desde las costas venezolanas en agosto, Ortega Díaz ha emprendido una extenuante gira internacional por denunciar al régimen. En noviembre, esta abogada introdujo un expediente de más de 500 folios con supuestas pruebas de torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos ocurridos durante la gestión del sucesor de Hugo Chávez. La exfiscal, además, había exigido una orden de captura internacional contra Maduro, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y Antonio Benavides Torres, jefe de Gobierno del Distrito Capital y exjefe de la Guardia Nacional.
A este informe ha sumado el asesinato de Óscar Pérez, el piloto que atentó contra el Supremo y el Ministerio de Interior y Justicia, y seis de sus compañeros por parte de cuerpos policiales. en la ampliación de la denuncia se incluye al jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Remigio Ceballos Ichaso, y al director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Pérez Ampueda.
Chavismo disidente
Muchos chavistas disidentes han respaldado las acusaciones de Ortega Díaz e incluso se han unido al Frente Amplio Venezuela Libre, un movimiento promovido por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática. Pero esto ha desatado una cacería contra sus detractores por parte del mandatario venezolano. Desde hace dos semanas los cuerpos de inteligencia del régimen han perseguido a los militares disidentes del chavismo. Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia, y Alexis López Ramírez, secretario del Consejo de Defensa de la Nación hasta junio de 2017, cuentan como las recientes detenciones ordenadas por Maduro.
Los exaltos funcionarios son acusados de planificar un complot para desestabilizar al Gobierno, al igual que otros 60 militares arrestados este mes. “La persecución dentro de la FANB arrecia a medida que transcurren las horas en Venezuela. Recibo información de varias detenciones arbitrarias en proceso e intenciones de atentar contra la vida de militares activos y retirados. La dignidad es una conspiración para el Gobierno”, ha asegurado Ortega, a través de su cuenta en Twitter.
Fuentes vinculadas al ámbito militar aseguran que la ola de arrestos amenaza con continuar; mencionan que existe una orden de captura contra el mayor general del Ejército retirado Cliver Alcalá Cordones, excomandante de la Red de Defensa Integral de Guayana.
