La ONG asegura en un informe que las fuerzas de seguridad del país gozan de impunidad
20 de septiembre de 2018 – Agencias.
Venezuela emplea “tácticas militares” para reprimir protestas civiles. Esta es la conclusión que presenta el informe publicado este jueves por Amnistía Internacional (AI), que denuncia que los cuerpos de seguridad del país latinoamericano realizan torturas y ejecuciones extrajudiciales presentadas públicamente en muchas ocasiones como “supuestos enfrentamientos armados”. El documento de la ONG de derechos humanos, que analiza la situación de la seguridad en el país entre 2002 y 2017, alerta de un extendido clima de impunidad entre los cuerpos policiales, que “ni garantiza que estos hechos no se repetirán, ni supone reparación alguna a las víctimas”.
“Me dijeron ‘vete, vieja chismosa. Te voy a dar un tiro en la cabeza”, relata Zulay González a AI, a quien le increparon las fuerzas de seguridad cuando en 2012 salió de su casa a la calle para interceder por su hijo Mario, que estaba a punto de ser detenido por estas. Los oficiales buscaban en las afueras de la capital venezolana a los integrantes de una banda delictiva que había cometido un asesinato y se llevaron detenido a Mario. Los peores augurios de la mujer, que ya había perdido meses atrás a otro hijo, Luis Fernando, acribillado a tiros por varios hombres cuando conducía su moto en algún punto del Estado de Miranda (en el norte del país), se confirmaron tiempo después, cuando dio con el cadáver de Mario en la morgue de un hospital de Caracas.
“Vi a mi hijo [Mario] y le limpié la cara. Tenía un tiro en la cabeza”, rememora González, a quien la violencia extrema que azota Venezuela le ha arrebatado dos hijos. El país latinoamericano es en el que más homicidios se cometen del mundo, con una tasa anual de 89 por cada 100.000 habitantes, según datos de la fundación que investiga el crimen organizado Insight Crime (IC). La mayor parte de las muertes tienen lugar en zonas urbanas pobres y el 60% de las personas asesinadas son hombres entre 12 y 29 años, según datos de organizaciones locales recogidos en el informe.
Además de este índice de criminalidad, Venezuela se enfrenta también a la ausencia de respuesta judicial ante las graves violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad estatales. AI denuncia que el 92% de las violaciones de derechos humanos producidas en Venezuela queda impune, una cifra que IC eleva al 98%.
El número de ejecuciones extrajudiciales como la que sufrió el hijo de González no se puede establecer con concreción debido a la ausencia de organismos que registren datos oficiales. El informe de AI, que consta de 58 páginas, recoge datos de la Fiscalía General de la República relativos a 2016 y al primer semestre de 2017, años en los que se habrían producido 4.667 y 1.848 muertes, respectivamente, a manos de funcionarios de seguridad. La exfiscal Luisa Ortega, que dirigió la institución desde 2007 hasta 2017 cuando fue destituida por el Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, acusó el pasado noviembre al régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional de ser responsable de más de 8.000 asesinatos cometidos entre 2015 y 2017 por las fuerzas de orden público.
AI presenta en el informe varias realidades que demuestran que el Gobierno del país sudamericano no está cumpliendo con la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos. La “nula rendición de cuentas” por parte de las autoridades en operaciones en las que se producen muertes de civiles, el “incremento progresivo y constante” de la violencia armada que demuestran las estadísticas —que señalan que los homicidios que se cometen con armas de fuego son el 85%, 11 puntos más que la media del continente— o la ausencia de datos oficiales actualizados y concretos sobre muertes violentas son algunas de las situaciones que la ONG denuncia en el documento.
Como respuesta, AI insta al Gobierno venezolano a realizar “instrucciones claras” acerca de cómo actuar en caso de que se produzcan bajas civiles durante operaciones policiales. La ONG recomienda iniciar una regulación seria de las armas de fuego para rebajar los índices de criminalidad, e incide en que es necesario contar con datos oficiales del número de homicidios y asesinatos extrajudiciales para evitar la impunidad de los crímenes.
