13 de mayo de 2026 – Santo Domingo – EFE.
El Gobierno de la República Dominicana confirmó este miércoles que recibirá mensualmente a un grupo aproximado de treinta personas deportadas desde Estados Unidos hacia terceros países. El canciller Roberto Álvarez detalló en rueda de prensa que esta medida es parte de un convenio suscrito con el país norteamericano, el cual tendrá una vigencia inicial de un año para gestionar el flujo migratorio internacional.
Según las declaraciones oficiales, los ciudadanos extranjeros permanecerán en territorio dominicano por un periodo breve que oscila entre siete y quince días antes de ser trasladados a sus naciones de origen. Las autoridades aclararon que el Gobierno estadounidense asumirá la totalidad de los costos operativos, garantizando que esta logística de tránsito no represente una carga financiera para el presupuesto nacional de la isla.
Dentro de los parámetros establecidos en el pacto migratorio, el Ejecutivo dominicano enfatizó que no se aceptará el ingreso de ciudadanos haitianos ni de menores de edad que viajen sin compañía. El objetivo principal de esta colaboración es servir como un puente logístico que facilite el retorno seguro de los migrantes, manteniendo una distinción clara sobre quiénes pueden ser incluidos en estas operaciones de traslado.
A pesar de que el acuerdo ya se encuentra activo, las instituciones locales todavía no han determinado la ubicación específica donde serán alojados los deportados durante su estancia temporal. El canciller Álvarez aseguró que los grupos estarán bajo vigilancia permanente y contarán con la asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones para asegurar el respeto a los protocolos de derechos humanos.
Ante los cuestionamientos de diversos sectores sociales y políticos por una supuesta vulneración de la soberanía nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores negó haber recibido presiones por parte de Washington. El canciller defendió la autonomía del Estado dominicano para aceptar solicitudes de sus socios estratégicos, resaltando que la decisión se tomó considerando los intereses nacionales y la sólida alianza con su principal socio comercial.
El alto funcionario insistió en que los individuos que llegarán al país no poseen antecedentes criminales, sino que simplemente no regularizaron su estatus migratorio en Estados Unidos. El proceso se mantiene bajo una definición estricta de operación de tránsito controlado y temporal, lo que descarta cualquier posibilidad de asentamiento permanente o la apertura de procesos judiciales internos para los extranjeros que utilicen esta ruta de repatriación.
