8 de julio de 2025 – Tegucigalpa – EFE.
La anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS) afectará directamente a unos 72.000 hondureños que han vivido legalmente en Estados Unidos desde 1999. Esta decisión los obliga a encontrar formas de legalizar su permanencia en el país o prepararse para regresar a Honduras, una nación marcada por la pobreza, la violencia y el desempleo. La cancelación genera incertidumbre para muchas familias que llevan décadas establecidas en territorio estadounidense.
El anuncio fue hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y entrará en vigor 60 días después de su publicación oficial. De acuerdo con Elsy Reyes, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, esta medida podría desencadenar deportaciones y la separación de núcleos familiares. Además, señaló que muchos hondureños quedarían en condición migratoria irregular, expuestos a mayor vulnerabilidad.
El TPS fue concedido tras el paso devastador del huracán Mitch en 1998, y desde entonces ha sido renovado hasta que la administración de Donald Trump decidió cancelarlo, alegando que las condiciones que lo justificaban ya no existen. La eliminación también afecta a otros grupos, como los 4.000 nicaragüenses que se beneficiaban del mismo estatus.
Los hondureños afectados por esta medida deberán buscar opciones como regularizar su situación mediante vínculos familiares o solicitar asilo si son víctimas de violencia. Reyes advirtió que el fin del TPS también tendrá repercusiones económicas, especialmente en las remesas que reciben miles de familias en Honduras, las cuales constituyen una parte esencial de la economía del país.
En 2024, las remesas enviadas desde EE.UU. alcanzaron casi 8.000 millones de dólares y se espera que superen los 10.000 millones en los próximos dos años. Esto representa una cuarta parte del PIB hondureño. Para muchas familias, estas transferencias son su principal fuente de ingresos, lo que hace aún más crítica la posible salida forzada de quienes las generan.
Expertos y funcionarios cuestionan los motivos del gobierno estadounidense para cancelar el TPS, ya que Honduras sigue enfrentando condiciones adversas. Aunque las cifras de homicidios han disminuido, persisten graves problemas como la violencia, el desplazamiento forzado y la vulnerabilidad al cambio climático. El canciller hondureño, Javier Bu, lamentó la decisión, aunque reconoció que era previsible y reiteró la necesidad de una reforma migratoria que dé respuesta a esta problemática.
