14 de julio de 2025 – Lima – EFE.
El Gobierno del Perú ha establecido una mesa de trabajo interinstitucional con una duración de 60 días, cuyo objetivo principal es fomentar la formalización de la actividad minera. Esta instancia también servirá como espacio para debatir la creación de una nueva legislación que regule la pequeña minería y la minería artesanal en el país, sectores que enfrentan desafíos tanto en lo legal como en lo operativo.
La presidenta Dina Boluarte convocó a una sesión especial con los principales líderes de los poderes del Estado, así como con representantes de organizaciones empresariales y sindicales, con el propósito de iniciar formalmente esta mesa de diálogo. La convocatoria se llevó a cabo el domingo, y la reunión tuvo lugar el lunes en el Palacio de Gobierno.
Según se informó a través de las redes sociales de la Presidencia, participaron en la sesión los titulares del Congreso, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, además de voceros de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú, junto a empresarios vinculados al sector minero. La reunión fue privada y no abierta a los medios.
Tras el encuentro, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, comunicó que se acordó enfrentar el problema de la minería ilegal mediante un enfoque dialogado y democrático. Anunció además que la mesa de trabajo celebrará su primera sesión el próximo viernes en la sede del Ejecutivo, dando inicio al proceso de discusiones formales.
Arana detalló que las decisiones adoptadas en la reunión contaron con el respaldo unánime de los gremios presentes. El plan de trabajo se centrará en avanzar en los trámites de formalización ya iniciados, proteger los derechos de los trabajadores mineros y diseñar una ley que contemple los intereses de todos los actores involucrados, así como del conjunto de la sociedad.
No obstante, surgieron cuestionamientos por la ausencia de representantes del Ministerio Público en la sesión, una situación señalada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Paralelamente, Boluarte reiteró su rechazo categórico a la minería ilegal, la cual –según dijo– genera graves daños ambientales y sociales. En este contexto, negó que su gobierno busque llegar a acuerdos con grupos que, además de operar al margen de la ley, han protagonizado actos violentos durante recientes protestas relacionadas con el cierre del Registro Integral de Formalización Minera.
