6 de agosto de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.
Varios grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes han condenado una reciente redada migratoria en Los Ángeles. En el operativo, los agentes utilizaron un camión de mudanzas alquilado para atraer y arrestar a jornaleros y vendedores ambulantes frente al Centro de Jornaleros del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN). Según los activistas, esta táctica podría estar violando una orden judicial que restringe las actividades de los agentes en el sur de California. En total, dieciséis personas fueron arrestadas durante el incidente.
Tanto CARECEN como la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) emitieron un comunicado en el que describieron la redada, que las autoridades llamaron “Operación Caballo de Troya”, como una “peligrosa escalada”. Los activistas argumentan que el operativo representa un ataque continuo de la administración del presidente Donald Trump contra las comunidades inmigrantes, el sistema judicial y la gente de Los Ángeles.
Martha Arévalo, directora ejecutiva de CARECEN, enfatizó que esta acción es un “ataque continuo” contra los trabajadores y vendedores ambulantes. Ella fue testigo del “acoso y la criminalización” de los trabajadores por parte de los agentes, lo que refleja un patrón de intimidación preocupante para la comunidad inmigrante. Por su parte, Pablo Alvarado, director de NDLON, exigió el cese inmediato de estas redadas y la destitución de los agentes involucrados.
El operativo parece ignorar una restricción temporal impuesta por un juez federal. Dicha orden prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas basándose únicamente en su raza, etnia, el uso del español o un acento, su ubicación o el tipo de trabajo que realizan, en siete condados del área metropolitana de Los Ángeles. Alvarado afirmó que su organización buscará todas las vías legales posibles contra esta “conducta ilegal” y pidió a la comunidad, incluyendo a los ciudadanos estadounidenses, que se unan en solidaridad.
Los activistas también criticaron a la cadena de televisión Fox, que acompañó a los agentes que se escondían en el camión de mudanzas de la compañía Penske. Esta empresa se desvinculó del operativo, asegurando que no tenía conocimiento de que uno de sus vehículos se estuviera usando para tal fin. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también condenó la redada, calificando estas acciones federales de “peligrosas” y señalando que están prohibidas por un fallo judicial reciente.
La redada forma parte de una serie de operativos migratorios que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha llevado a cabo en Los Ángeles desde el 6 de junio. Estas acciones han provocado manifestaciones y litigios por parte de trabajadores detenidos y organizaciones comunitarias. En respuesta a esta última redada, se ha programado una vigilia en la ciudad para protestar contra lo que Fox reportó como un operativo dirigido a miembros de la pandilla MS-13.
