14 de agosto de 2025 – Lima – EFE.
El Poder Judicial de Perú ordenó la detención preliminar de siete días para dos topógrafos colombianos, Carlos Sánchez y John Amia, quienes fueron arrestados el pasado martes en la isla peruana de Santa Rosa de Loreto. La medida se tomó tras la incursión de los topógrafos y la realización de presuntos trabajos de forma irregular. La decisión judicial ha sido criticada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien la calificó de “ilegal”.
El juez a cargo del caso, César Vela, determinó que los dos ciudadanos colombianos deben permanecer en territorio peruano durante el transcurso de las investigaciones. Esta detención preliminar se extiende por siete días a partir del 12 de agosto, por lo que su término está previsto para el próximo martes 19 de agosto.
El magistrado, que pertenece al Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Ramón Castilla, argumentó que es indispensable que los acusados se mantengan en el país mientras las diligencias se llevan a cabo. La investigación en curso está relacionada con un posible delito de atentado contra la soberanía nacional, que abarca acciones dirigidas a someter a la república a una dominación extranjera.
Durante la audiencia virtual, el juez señaló que existe una evidencia objetiva de que, en caso de ser hallados culpables del delito que se les imputa, los acusados podrían eludir la acción de la justicia. Esta consideración fue clave para justificar la necesidad de la detención preliminar.
En respuesta a lo sucedido, el presidente Gustavo Petro se manifestó en su cuenta de la red social X, alegando que la detención de los contratistas colombianos era un acto “ilegal” y que se trataba de un “secuestro”. Petro afirmó que, desde la perspectiva de Colombia, la isla de Santa Rosa no pertenece a Perú, ya que no fue adjudicada según el Protocolo de Río de Janeiro.
La controversia se centra en la ubicación de Santa Rosa de Loreto, que forma parte de la isla peruana Chinería, ubicada en la triple frontera amazónica con Colombia y Brasil. Mientras que Perú defiende su soberanía sobre la isla basándose en el acuerdo de 1929 y la demarcación fronteriza de 1922, el gobierno colombiano sostiene que la isla debería pertenecerle, argumentando que emergió después del tratado de 1922 que definió la frontera.
