21 de agosto de 2025 – Miami – EFE.
Una jueza federal de Estados Unidos ha ordenado el cierre y desmantelamiento en un plazo de 60 días del centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado al oeste de Miami. La decisión, que prohíbe el ingreso de nuevos migrantes, responde a una demanda presentada por varias organizaciones ambientalistas que alegaron daños al ecosistema de los Everglades.
El fallo de la jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, favorece parcialmente a grupos como Friends of The Everglades, Center for Biological Diversity y a la tribu Miccosukee. Estos grupos habían solicitado el cierre total e inmediato de la instalación, que se inauguró el 3 de julio en un antiguo aeropuerto tras una visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ordenó su apertura.
Además, la orden judicial impide la construcción de cualquier nueva infraestructura en el lugar, como carpas, dormitorios o edificios. También prohíbe expresamente pavimentar, excavar o cercar el área y, sobre todo, impide el traslado de más personas al centro, a menos que ya estuvieran detenidas allí al momento de la sentencia. Sin embargo, permite realizar trabajos de mantenimiento en las estructuras ya existentes.
Tras el plazo de 60 días, las autoridades deberán retirar la cerca que rodea el sitio para permitir el acceso a la tribu Miccosukee, un pueblo indígena de la zona. También deberán desmantelar la iluminación industrial y retirar las instalaciones de gas, drenaje y desechos del proyecto, que fue promovido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
El centro, con capacidad para 2,000 personas y planes de expansión a 4,000, se encuentra en un área natural que alberga 36 especies endémicas y amenazadas, como panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos. La demanda busca proteger este hábitat, y según Eve Samples de Friends of the Everglades, el fallo representa una victoria significativa para los Everglades y la protección de las especies en peligro.
La decisión de la jueza ya se anticipaba. El congresista demócrata Maxwell Frost, de Orlando, había notado una reducción en el número de migrantes detenidos, de casi 1,000 a solo 336, lo que sugería que el estado ya estaba preparándose para la posibilidad de un cierre ordenado por el tribunal. Esta es una demanda independiente a otra interpuesta por defensores de derechos de los migrantes, liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). A pesar del fallo, se espera que la batalla legal continúe, ya que el gobernador DeSantis y el fiscal general de Florida han cuestionado la legitimidad de la jueza y han prometido impugnar cualquier decisión adversa.
